IPSO_JURE_No_28

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Argumento fundamental que sustentaría el haberle conferido al Tribunal Constitucional
el rol de creador de precedentes constitucionales, reposaría directamente en su conocida
(aunque a veces no tan bien comprendida) condición de Supremo Interprete de la
Constitución. Evidentemente y si bajo su responsabilidad está la función de defender a
la más importante de las normas jurídicas y dicha tarea requiere como paso previo el
definir cual es el alcance o significado de cada uno de sus contenidos, la competencia
de crear precedentes constitucionales, que en buena cuenta terminan expresando lo
que representa la voluntad constitucional, calzaría perfectamente con el estatus que el
ordenamiento le ha conferido.
Lo dicho en torno del Supremo Interprete de la Constitución no significa naturalmente
(acorde con lo sostenido con anterioridad) que no puedan existir otro tipo de precedentes
derivados de otros órganos del Estado o que estos carezcan de vinculatoriedad. Estos
últimos sin embargo, no serían de ninguna manera precedentes constitucionales
vinculantes, sino precedentes de otro tipo o con otra variante de alcance (precedentes
judiciales o precedentes administrativos). En otras palabras, la existencia de precedentes
estrictamente constitucionales, no sería incompatible ni restringiría de modo alguno la
creación o presencia precedentes creados por otros organismos siempre que aquellos
respondan a distintas características.
En un contexto como el descrito, cabe entonces preguntarse, si la capacidad que tiene la
más alta de las instancias del Poder Judicial (Corte Suprema) para generar precedentes
judiciales vinculantes (que como hemos visto opera en los ámbitos penal y civil), le permite
vía la misma técnica abordar la temática específicamente constitucional.
Desde nuestro punto de vista, nada impediría que vía una eventual reforma legislativa,
pueda dotarse a la Corte Suprema de la facultad de producir precedentes judiciales
incluso en materia constitucional. Esta última opción, por lo demás, sería perfectamente
legítima no sólo por no encontrarse prohibida por norma constitucional alguna, sino
porque adicionalmente nuestro modelo de jurisdicción constitucional es dual o paralelo,
legitimando tanto al Tribunal Constitucional como al Poder Judicial, en la importante
función de administrar Justicia a nombre de la Constitución.
Lo que en todo caso, si podría quedar perfectamente claro es que dicha opción creadora,
aun cuando posible, se encontraría sometida a determinados límites que irían muy de la
mano con el estatus que ocupa el precedente constitucional vinculante así como el órgano
encargado de su emisión. En este sentido y desde un enfoque estrictamente jurídico, nos
anticiparíamos en advertir que entre los límites a la generación de precedentes judiciales
vinculantes por parte del Poder Judicial, podríamos encontrarnos ante diversos supuestos
a saber:
a) El precedente judicial solo podría pronunciarse sobre materia constitucional no
desarrollada directamente por un precedente constitucional vinculante emanado
del Tribunal Constitucional;
b) El precedente judicial, tampoco podría pronunciarse sobre materia constitucional
que haya recibido desarrollo directo por parte de doctrina o jurisprudencia
vinculante emanada del Tribunal Constitucional;
c) El precedente judicial solo sería vinculante para los jueces y Tribunales integrantes
de la estructura orgánica del Poder Judicial, más no así para el resto de poderes
públicos (entre los que se encontraría por supuesto, el Tribunal Constitucional);
d) El precedente judicial podría ser cuestionado vía procesos constitucionales de
tutela (habeas corpus o amparo) supuesto en el cual sería controlado en su
constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional;