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e) Incautación o confiscación;
f) Mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización;
g) Suspensión de la sentencia o condena diferida;
h) Régimen de prueba y vigilancia judicial;
i) Imposición de servicios a la comunidad;
j) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado;
k) Arresto domiciliario;
l) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión;
m) Alguna combinación de las sanciones precedentes.
Como aporte valioso deseo citar expresamente lo vertido por la eminente Dra.
Mary Beloff: “En un sistema de ese tipo, se establecen como consecuencia jurídica de la comisión
de un delito por parte de un joven o adolescente sanciones diferentes, que se extienden desde la
advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de libertad en
institución especializada. En caso de que sea necesario recurrir a una reacción estatal coactiva,
la centralidad la ocupan estas sanciones y lo alternativo es la privación de la libertad. Por
eso en el sistema de la protección integral no es correcto hablar, como en el sistema penal de
adultos, de alternativas a la pena privativa de la libertad ya que lo alternativo y excepcional,
conviene insistir, es la privación de la libertad”. (el resaltado me pertenece) ✔ .
Lo interesante de la normativa es que no hace diferenciación de la prisión
antes, durante o luego de la sentencia, ya que de todas formas el menor se halla privado
de libertad y esa circunstancias es lo relevante a regular.
Siguiendo con la misma intención es necesario reiterar el carácter excepcional
del confinamiento en establecimientos penitenciarios, efectivamente se utilizará en todo
momento como último recurso y por el plazo más breve posible. Desapegándonos de las
normas y pensamiento de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660, la autoridad pertinente
en materia juvenil recurrirá en la mayor medida posible a la libertad condicional y la
concederá como sea posible atendiendo a as circunstancias particulares del caso, es decir
que no debemos pasar por el tamiz que se les aplica a las personas imputadas mayores
de edad.
Las Reglas de Beijing expresan una peculiar directiva cual es que “Los menores
en libertad condicional recibirán asistencia del correspondiente funcionario a cuya
supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad”. Véase, que tal como lo
dije en párrafo anteriores, en esta etapa de la ejecución el Estado debe tener un poco m{as
de injerencia en el cuidado y protección de los Menores en Conflicto con la Ley Penal.
PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN JUVENIL.
Como toda ley en su inicio, debe contener principios de tal manera de orientar
y concretar las razones por la cuales se sancionó. Los principios rectores en el proceso de
ejecución de las sanciones penales juveniles deben citarse a los siguientes, compartiendo
con lo establecido por el Doctor Carlos Tiffer Sotomayor ✕ :
4 Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina - Mary Beloff.
5 El Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor obtuvo su título de Licenciatura en Derecho y Notaría Pública en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, obtuvo
los títulos de Legum Magister (LL.M.), en la Albert- Ludwings- Universität en Freiburg, Alemania y su grado de Doctor en Derecho (Dr. jur) en la Ernst-
Moritz-Arndt-Universität en Greifswald, Alemania. Es abogado practicante desde 1983, ha trabajado como Agente Fiscal en el Ministerio Público, y como
Juez Superior Penal de la Corte Suprema de Justicia. Abogado de confianza de las embajadas de Alemania y Suiza en San José, Costa Rica. Ha sido profesor
de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica, tanto en la licenciatura como en el postgrado en Ciencias Penales, ha impartido lecciones de Derechos
Humanos y Criminología en la Universidad Estatal a Distancia y es miembro fundador de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Conferencista
internacional en materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología y Derecho Penal Juvenil. Es consultor del Instituto Latinoamericano de
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Ha sido
perito consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Miembro de Amnistía Internacional (AI).
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