IPSO_JURE_No_28

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estudio, referido a la diferencia que existe entre Estado y Gobierno. Al primero, sin necesidad de
acudir a la problemática de la teoría política sobre su definición, lo entenderemos clásicamente
como a la sociedad políticamente organizada dentro de un territorio, mientras que el Gobierno
viene a estar constituido por las autoridades públicas de los órganos de poder, generalmente
encabezados, en el sistema presidencialista, por el titular del poder ejecutivo, quien dirige la vida
socio política del Estado. Ya desde esta óptica, se entiende que la defensa del orden constitucional
ante Gobiernos usurpadores sea reconocida como derecho de la población civil, mientras que la
seguridad externa e interna del Estado esté, respectivamente, a cargo del Ejército armado y de la
Policía Nacional, encabezados por el gobernante, de acuerdo a sus especiales competencias.
Por otra parte y añadiendo al debate doctrinal, el profesor VALLE-RIESTRA 7 ha indicado que
“Algunos se han atrevido a afirmar que el derecho de insurgencia es un derecho invocable
solamente por los civiles. Si así fuera, sería un derecho castrado”, y es que como bien postula el
eximio jurista nacional, el derecho de resistencia a la opresión no es obra del derecho positivo sino
del derecho natural, de allí que la consecuente insurgencia sea un recurso asequible también a los
nacionales que forman parte de las fuerzas militares y policiales, sin mayor distingo, más allá de
que el articulado constitucional emplee el confuso término “población civil”.
1.4.1. Presupuestos del Derecho de Insurgencia:
De acuerdo a la redacción constitucional, la población civil puede ejercer el derecho a la
desobediencia civil y el derecho a la insurgencia ante la presencia de dos tipos de autoridades,
primero contra las que conforman un Gobierno Usurpador, y en segundo lugar, contra los
funcionarios que asumen tal condición en vulneración de la Constitución y las Leyes.
a) Gobierno Usurpador:
Es aquel que suplanta, o revoca y asume, por la fuerza, la autoridad del Gobierno constitucionalmente
instaurado, sin tener título alguno que legitime su empoderamiento. Claro está, que esta autoridad
de facto debe pertenecer a la comunidad político-social del Estado, pues de tratarse de un Estado
extranjero nos encontraríamos frente a una ocupación regulada por el Derecho Internacional.
Un ejemplo clásico en nuestro país de este tipo de gobiernos son los dirigidos por las fuerzas
armados desde el año 1968 a 1979.
Asimismo, y siguiendo a LOCKE, no existe óbice para considerar que un Gobierno legítimamente
instaurado pueda devenir en usurpador, cuando excediéndose en su proceder de las facultades
que le corresponden, asume competencias atribuidas a otros poderes del Estado, o anula las
facultades de éstos. Nos encontraríamos aquí, ante lo que el filósofo inglés conoce como un Estado
Tiránico 8 . Ejemplo de este tipo de usurpación es la ejercida por los ex presidentes Manuel Odría en
1950 y Alberto Fujimori Fujimori tras el golpe de Estado de 1992.
b) Funcionarios ilegítimos:
La autoridad formal que reviste la personalidad de determinados individuos de la sociedad organizada,
y que les concede la condición de Funcionarios de Estado, sólo se obtiene por intermedio del
procedimiento prefijado para tal fin en la Constitución y las leyes; en consecuencia, todo funcionario,
para ser tal, debe haber sido elegido o designado conforme a tal procedimiento; en caso contrario, su
autoridad deviene en ilegítima, y por tanto, ni el ciudadano ni la sociedad civil le deben obediencia
alguna. Cabe precisar que esta autoridad, en el supuesto específico, ha de haber sido designada por
un Gobierno legítimo -el cual no dejaría de serlo por el único hecho de esta designación-, pues en caso
contrario nos encontraríamos bajo los alcances del supuesto anterior.
7 VALLE-RIESTRA, Javier. En: La Constitución Comentada –Tomo I. Gaceta Jurídica-Congreso de la República. Director Walter Gutiérrez. Lima, 2005. p.
649.
8 Los estudios de LOCKE sobre los tipos de Estado y la tiranía se encuentran desarrollados en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, referido al verdadero origen, alcance y fin del mismo.