IPSO_JURE_No_28

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del niño. Además, este derecho básico debe traducirse en una política que afronte la
delincuencia juvenil de manera que propicie el desarrollo del niño. La pena capital y la
prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación están expresamente prohibidas en virtud
del apartado a) del artículo 37 de la Convención (véanse párrafos 75 a 77 infra). El recurso
a la privación de libertad tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso del
niño y dificulta gravemente su reintegración en la sociedad. A este respecto, el apartado b)
del artículo 37 estipula expresamente que la privación de libertad, incluidas la detención, el
encarcelamiento o la prisión, se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante
el período más breve que proceda, a fin de garantizar y respetar plenamente el derecho del
niño al desarrollo…”
Hablar de delincuencia juvenil es hablar del “antes” del ilícito, de la “previa”.
Sostengo que también cabe hablar de “prevención”, la que no es solo dirigida para
aquellos chicos primerizos en el ámbito delictivo, sino también de aquellos que cometieron
delito, es decir para evitar la “reincidencia”. Supervivencia y Desarrollo son conceptos
inherentes a todo ser humano, y que si bien ello reposa en el cuidado que le brinden los
progenitores, cuando se encuentran alojados en una Cárcel, dicha patria potestad se
encuentra “reducida”, por lo que el Estado debe intervenir en mayor medida, sin caer en
el absurdo de convertirse en un Estado paternalista, doctrina que ya fue dejada de lado en
su momento. ✑
Prohibición de pena capital
“…En el apartado a) del artículo 37 de la Convención se reafirma la norma internacionalmente
aceptada (véase, por ejemplo, artículo 6 5 del Pacto) de que no se impondrá la pena de
muerte por delitos cometidos por menores de 18 años. A pesar de la claridad del texto,
algunos Estados Partes presuponen que esa norma prohíbe únicamente la ejecución de
menores de 18 años. Sin embargo, el criterio explícito y decisivo que inspira esa norma
es la edad en el momento de la comisión del delito, lo que significa que no se impondrá la
pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años, independientemente de cuál
sea su edad cuando se celebre el juicio, se dicte sentencia o se ejecute la pena… El Comité
recomienda al reducido número de Estados Partes que aún no lo han hecho a abolir la pena
capital para todos los delitos cometidos por menores de 18 años y a suspender la ejecución
de todas las sentencias a la pena capital pronunciadas contra esas personas hasta que se
hayan promulgado las medidas legislativas necesarias para abolir la aplicación de la pena
capital a menores. La pena de muerte deberá conmutarse por otra pena que sea plenamente
compatible con la Convención…Ninguna condena a cadena perpetua sin posibilidad de
libertad condicional…”
Si bien, mediante la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica la prohibición
de la pena capital es una realidad vigente, su mención expresa en la Ley de Ejecución Juvenil
ratificaría lo dicho anteriormente y en cierta manera despeja toda duda para aquellos que
pretenden aplicarla alguna vez en nuestro país.
“…No se condenará a cadena perpetua sin posibilidad de puesta en libertad o libertad
condicional a ningún joven que tuviera menos de 18 años en el momento de cometer el
delito. Con respecto a las sentencias dictadas contra menores, la posibilidad de la puesta
en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico. En este sentido, el Comité se
remite al artículo 25 de la Convención, donde se proclama el derecho a un examen periódico
para todos los niños que hayan sido internados para los fines de atención, protección o
tratamiento. El Comité recuerda a los Estados Partes en los que se condenan a menores
a la pena de cadena perpetua con la posibilidad de la puesta en libertad o de libertad
condicional que esta pena debe estar plenamente en armonía con los objetivos de la justicia
de menores consagrados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención y fomentar su
consecución. Esto significa, entre otras cosas, que el menor condenado a esta pena debe
1 Por la introducción de la Doctrina de la Protección Integral de la Convención de los Derechos del Niño.