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lugar a que se pueda hablar, respectivamente, de un Precedente Administrativo Vinculante,
de un Precedente Judicial Vinculante y de un Precedente Constitucional Vinculante.
Evidentemente y más allá de que se trate de tres variantes de precedente, ello no supone que
operen exactamente de la misma forma y con los mismos alcances. Cada uno de ellos, en
rigor, se sujeta a sus propias particularidades y por supuesto tiene su propio régimen jurídico.
a). En el caso del ámbito administrativo tenemos una praxis que viene siendo puesta
de manifiesto desde hace buen tiempo atrás y que toma como referente inmediato lo
dispuesto en el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 o Ley de Procedimiento
Administrativo General. Dicha norma establece:
Artículo VI.- Precedentes administrativos
1). Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso
y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos
de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada.
Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.
2). Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si
se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general.
La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más
favorable a los administrados.
3). En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede
administrativa de los actos firmes.
Conviene precisar que aunque la norma en referencia tiene alcances generales, la práctica
del precedente administrativo ha tenido desarrollos individualizados en el contexto de
normas especiales. De este modo y en atención a los organismos o instituciones donde se
ha venido aplicando, encontramos regulaciones sobre el precedente en el caso del Tribunal
Fiscal y la SUNAT (Artículo 154º del Código Tributario), el OSINERGMIN (Artículo 53º de
la Resolución de Consejo Directivo Nº 826-2002-OS/CD), el INDECOPI (Artículo 43º del
Decreto Legislativo Nº 807), la SUNASS (Artículo 77 del Decreto Supremo Nº 017-2001-
PCM) o la SUNARP (Artículos 32º y 33º de la Resolución de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos Nº 263-2005-SUNARP-SN), entre otros.
Detalle especial a tomar en consideración es que a pesar de la variedad de normas que se
pronuncian sobre esta técnica en particular y el desarrollo que la práctica le ha otorgado,
no se aprecia por lo menos hasta nuestros días, un interés doctrinal sobre el tema.
Aunque conocemos interesantes compilaciones sobre diversas clases de precedentes
administrativos, los estudios específicos sobre el precedente administrativo en cuanto
tal prácticamente no existen en nuestro medio, limitándose a unas breves reflexiones
descriptivas que aunque importantes 8 no siempre han sido adecuadamente difundidas.
b). Lo que se conoce como precedente judicial vinculante ha tenido un desarrollo
interesante aunque no exento de algunas discusiones en torno a sus alcances. Tal vez por
ello ha merecido algunos cambios en el orden de su reconocimiento normativo.
Puede decirse que la clarinada inicial sobre el tema la encontramos en lo dispuesto en el
Artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo tenor establece:
Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.
8 Entre las excepciones a la regla tenemos los comentarios desarrollados por Guzmán Napuri, Christian.- La Administración Pública y el Procedimiento Administrativo
General; Página Blanca Editores; 1° Edición; Lima 2004; Págs. 151 y ss.