IPSO_JURE_No_28

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Efectuada esta precisión, advirtamos que para los propósitos de este estudio no corresponde
ingresar al análisis de la desobediencia civil, que consiste en buena cuenta en la omisión de acatar
las directrices u órdenes de un Gobierno Usurpador o de una autoridad ilegítima designada por un
Gobierno legítimo, sino únicamente en lo que corresponde al derecho de insurgencia.
Desde esta perspectiva, cabe una interrogante puntual ¿El derecho de insurgencia se ejerce tanto
frente a gobiernos usurpadores como ante autoridades o funcionarios ilegítimos?
Nosotros creemos, aunque si bien ni la doctrina ni la norma constitucional prevé distingo alguno,
que es lógico considerar que la desobediencia civil se ejerce tanto frente a autoridades ilegítimas
como ante gobiernos usurpadores, mientras que el derecho de insurgencia sería ejercitable sólo
ante los últimos.
Esto de una interpretación necesariamente teleológica. Nos explicamos.
El derecho a la insurgencia, al suponer el ejercicio de violencia por parte de la población civil,
ostenta necesariamente el carácter de última ratio; por lo que en caso de existir algún funcionario
o autoridad que haya asumido funciones en forma ilegítima, corresponde al Gobierno el control de
la situación y la remoción de dicha autoridad, ya sea mediante mecanismos legales o mediante el
empleo de la fuerza pública. Sin embargo, si el Gobierno es incapaz de esta remoción, es evidente
que nos encontramos frente una traslación fáctica del poder. Este funcionario debe mantener,
por su función, una alta capacidad de mando o autoridad sobre un territorio y población, tales
como un Presidente Regional; en cuyo caso nos encontraremos frente a un Gobierno de facto, pues
se entiende que al resistir su remoción y el ataque armado, se desconoce al Gobierno legítimo,
encontrándonos por tanto dentro del supuesto de un gobierno usurpador frente al cual la población
tiene el derecho de insurgencia; no sucederá lo mismo en los casos del Alcalde de una pequeña
Municipalidad, de un gobernador, de un Juez, etc.; los cuales, por sus cuotas de poder, sólo deben
ser resistidos por la población mediante la desobediencia civil.
De allí que el derecho a la insurgencia sólo proceda frente a gobiernos usurpadores, mas no frente
a autoridades o funcionarios ilegítimos, cuya remoción es labor del Gobierno constitucional.
II.
LOS DELITOS POLÍTICOS
Es connatural al Estado auto-proveerse de una serie de mecanismosfácticos y legales a fin de
proteger su propia existencia, seguridad y naturaleza democrática frente a conductas que tienden
a desautorizar su imperio conductor, e incluso a destruirlo.
Desde una perspectiva histórica, MARIA ELENA MOREIRA 9 nos ilustra señalando que los atentados
contra la polis griega violaban la ley, ofendían a la divinidad y eran factor de corrupción del pueblo.
En Roma, los insurgentes cometían el delito de perdulleio, que significa guerra perversa contra la
propia patria: relaciones culpables con el enemigo, faltas a los deberes del ciudadano para con
el Estado, faltas a los deberes de la Magistratura y sacerdocio, falta a los deberes religiosos del
ciudadano, atentados e injurias contra el magistrado y el emperador.
Indica esta misma autora, que ya bajo el sistema liberal, se somete el delito político a la ley existente
para determinar qué hechos son o no delictuosos, sosteniendo que esta clasificación constituía
un atentado contra la seguridad del Estado, exigiendo un trato más humano para el delincuente
político hasta el grado de abolir la pena de muerte para éste. Benignidad surgida del anarquismo,
cuyos atentados se intensificaron para el último tercio del siglo XIX, y en los cuales sus autores se
guiaban por el fanatismo político sin buscar fines inmediatos ni modificaciones en la organización
gubernamental, sino sólo el de suprimir toda forma de gobierno.
9 MOREIRA, María Elena. El delito político: Doctrina y Legislación Ecuatoriana. En: www.humanrigthmoreira.como/ensayos/htm·delito. Página visitada
por última vez en Diciembre de 2014.