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Como puede apreciarse, las limitaciones a las que se encontraría sujeto un eventual
precedente judicial en materia constitucional, estarían justificadas en atención tanto a los
caracteres del precedente constitucional vinculante, como a la posición privilegiada del
Tribunal Constitucional en su condición de Supremo Intérprete de la Constitución.
b). El Precedente Constitucional Vinculante siempre debe ser objetivo o expreso.
En tanto el Código Procesal Constitucional establece que las sentencias del Tribunal
Constitucional resultan constitutivas de precedente cuando así lo precisa la propia
sentencia, queda claro, que el precedente constitucional vinculante necesariamente debe
tener un reconocimiento objetivo o lo que es lo mismo, expreso.
En este contexto es por demás evidente que una eventual incorporación implícita del
precedente que fuerce o imponga una búsqueda interpretativa, resultaría a todas luces
discutible, pues es la propia fuente normativa la que impone explicitud sin admitir
excepción alguna. O el precedente existe como tal, porque el Tribunal Constitucional así lo
señala textualmente o simplemente se da por no creado.
Ahora bien, aun cuando es la regla de la objetividad la que impone la pauta en torno a
la existencia del precedente y la práctica que se verifica así lo pone de manifiesto, es
bueno saber que no siempre la misma ha sido asumida por nuestro Tribunal de la forma
descrita. En efecto, por sorprendente que parezca nuestra jurisprudencia registra casos
de precedentes que no nacieron a la manera como lo señala el Código Procesal en materia
Constitucional.
Notorio ejemplo de lo descrito lo constituye el criterio establecido en el Expediente Nº
3179-2004-AA/TC (Caso: Apolonia Ccollcca Ponce) de acuerdo con el cual, la procedencia
de procesos de amparo contra resoluciones judiciales no solo se encuentra habilitada
para tutelar los derechos fundamentales de naturaleza estrictamente procesal (debido
proceso, tutela jurisdiccional efectiva) sino toda clase de derechos fundamentales, opción
interpretativa que en buena cuenta, ha dejado de lado un largo derrotero jurisprudencial
de prácticamente veinticinco años 13 .
Para nadie es un secreto que hoy en día esta línea de raciocinio es seguida por el Tribunal
Constitucional en todos los supuestos de amparos promovidos contra resoluciones
judiciales. Lo que pocos saben sin embargo, es que la misma no es simplemente un
criterio jurisprudencial (constitutivo en el mejor de los casos de doctrina jurisprudencial
vinculante), sino que es un auténtico precedente vinculante avalado de dicha manera por
haber sido recogido por un indiscutible precedente constitucional como el establecido por
conducto de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC (Caso: Dirección
Regional de Pesquería de la Libertad) 14 .
Así las cosas, no deja de sorprender que a pesar de la previsión establecida en el Código,
no siempre el Colegiado haya sido tan escrupuloso a la hora de crear sus precedentes.
Aunque es cierto es que en los últimos años el Tribunal ha sido mucho más ortodoxo a la
hora de crear o establecer un precedente, no deja de ser menos cierto que en el pasado no
siempre las cosas hayan sido de la forma antes descrita.
13 En efecto, durante prácticamente cinco lustros (que comprende todos los años que rigió la Ley N° 23506 y los iniciales de nuestro actual Código Procesal
Constitucional) nuestra jurisprudencia se decanto por una típica opción permisiva moderada (solo se tutelaba vía amparo contra resoluciones judiciales derechos
constitucionales de naturaleza procesal). Ello cambiaría con el pronunciamiento aquí señalado, en que se aceptaría la opción permisiva amplia (amparo
como mecanismo para tutelar cualquier derecho fundamental, incluyendo como es obvio, los derechos sustantivos). Las incidencias de este cambio, evidentemente
notorio, ya se han venido vislumbrando con nitidez en los últimos tiempos. El análisis de este cambio, de dejamos sin embargo, para otro momento.
14 En efecto, varios meses después de haberse emitido la sentencia recaída en el Exp. N° 3179-2004-PA/TC la ejecutoria recaída en el Exp. N° 4853-2004-PA/
TC (al igual que otras posteriores) empezarían a darle a la primera (a los criterios allí establecidos) el carácter de un indiscutible precedente constitucional.