IPSO_JURE_No_28

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Disposición Final Primera de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Nº 28301 de
acuerdo con la cual “Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con
rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad”.
En rigor, son varias las reflexiones que ofrece esta otra variante jurisprudencial, en principio
también obligatoria.
La primera de ellas nos permite avizorar que los alcances vinculantes de la doctrina o
jurisprudencia no son iguales a los del precedente. Mientras este último vincula a todos
los poderes públicos, aquella sólo lo hace respecto de los jueces y Tribunales integrantes
del Poder Judicial. Las normas citadas no distinguen entre jueces constitucionales y jueces
ordinarios, lo que permite inferir que el mandato es para los operadores jurídicos, de todas
las especialidades o de todos niveles. A esta interpretación por lo demás abona la última
parte de la antes citada Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
cuando se refiere a todo tipo de procesos.
Lo segundo a destacar es que aunque el mandato de sujeción hacia los jueces y tribunales
los condiciona en buena medida en su capacidad interpretativa, ello tampoco significa ni
debe entenderse como que los prive de determinadas opciones de interpretación.
En efecto, aún cuando no ha faltado quienes irónicamente han creído que la existencia de
una jurisprudencia obligatoria condena a los jueces del Poder Judicial a ser en adelante las
bocas que repiten las interpretaciones del Tribunal Constitucional, al igual como se decía
en pasado respecto de su rol frente a las leyes y a la voluntad del legislador, tal aseveración
resulta absolutamente equivocada.
Con independencia que el propio Tribunal Constitucional haya enunciado lo que en su
criterio serían componentes de doctrina jurisprudencial vinculante 30 , consideramos que el
Poder Judicial goza de una amplia e irrestricta facultad interpretativa por lo menos en tres
casos bastante claros:
a). Cuando la interpretación que realiza sobre determinada materia constitucional, no
haya sido objeto de desarrollo por parte del Tribunal Constitucional. Lo que de hecho
puede suceder en un innumerable repertorio de casos donde el Supremo Interprete de
la Constitución, pese a ostentar dicha condición, haya optado por guardar silencio sobre
aspectos en estricto constitucionales.
b). Cuando la materia sobre la que exista interpretación por parte del Tribunal Constitucional
colisione o desconozca interpretaciones obligatorias asumidas por organismos
internacionales de protección de derechos humanos, supuesto en el evidentemente, los
jueces del Poder Judicial gozaran de una vinculación mucho más fuerte respecto de los
organismos pertenecientes al sistema de justicia internacional.
c). Cuando la interpretación del Tribunal Constitucional, resulte mucho más restrictiva
en materia de derechos que la interpretación asumida por el Poder Judicial, escenario en
el cual, será perfectamente viable una eventual desvinculación de lo establecido por el
Supremo Interprete de la Constitución, no porque se desconozca sus criterios, sino por
sujeción al principio de mayor favorabilidad o protección en materia de derechos. Esta
posición, por lo demás, ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional como se
desprende del Fundamento 16 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 4853-2004-
PA/TC.
Un tercer aspecto a resaltar en torno de la doctrina o jurisprudencia constitucional
30 Sáenz Dávalos, Luis.- Los nuevos derroteros del amparo contra amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Cambios y perspectivas a la luz de
una reciente ejecutoria); Ob. Cit.; Págs. 113-116.