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conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.
Sin embargo, el Derecho de insurgencia como tal, que diáfanamente constituye un paso más allá
de la mera resistencia, fue reconocido por primera vez en la Declaración de Derechos de Virginia
– Estados Unidos de América, proclamada el 12 de Junio de 1792, bajo la siguiente redacción: “…
cuando un gobierno fuera manifiestamente inadecuado o contrario a estos principios, una mayoría de la
comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e imprescriptible de reformarlo, alterarlo o abolirlo
en la forma que juzgue más conveniente al bienestar público”. Nótese aquí referencialmente, que el
Derecho de insurgencia faculta a la comunidad con total generalidad, el levantamiento no sólo
contra un Gobierno ilegítimo, sino también contra uno incompetente.
Por su parte, el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el
10 de Diciembre de 1948, efectúa una declaración principista, en estos términos “…Considerando
esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre
no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.
En nuestro país el Derecho a la Insurgencia no aparece reconocido sino hasta por la Constitución
Política promulgada por la Asamblea Constituyente de 1979 y gracias a la labor de Alfonso Ramos
Alva, en cuyo artículo 82 puede leerse “…Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo
tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional…”; dispositivo claramente apropiado
de acuerdo al contexto político social de la época, en que nuestro país dejaba atrás una dictadura
militar de once años de vigencia, encabezada por el denominado Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas. Era por lo tanto imperativoreconocer a la ciudadanía la facultad inalienable de
desobedecer, resistir y levantarse contra una autoridad usurpadora.
I.2. Definición de Insurgencia:
Es conveniente para efectos de su global comprensión iniciar este estudio señalando que el término
“insurgencia” es un vocablo de carácter político -jurídico, que se deriva a su vez del término
“insurrección”, que denota entre sus significados los de “levantamiento, motín, alzamiento,
insubordinación, cuartelada y rebelión 4 ”, entre otros.
A nivel definicional, entonces, los términos políticos “insurgencia”, “rebelión”, “motín”, e incluso
“sedición”, contendrían similitudes sólo superables a nivel jurídico; y es así, que las legislaciones
contemporáneas han reconocido a la ciudadanía el “derecho a la insurgencia”, y sancionado y
penado, por otro lado, las conductas de “rebelión”, sedición” y “motín”, considerándolas como
delitos políticos.
I.3. Bases teóricas y naturaleza violenta del derecho a la insurgencia:
I.3.1.
Bases Teóricas:
Es interesante recordar que si bien las relaciones de poder han existido desde los orígenes de
la humanidad organizada, las bases que sustentan el poder del actual Estado constitucionalsólo
se comprenden desde las formulaciones doctrinarias de la edad moderna, asícomo de los
acontecimientos históricos de la baja edad media inglesa y de laépoca pre revolucionaria francesa 5 .
Así, es a partir de las construcciones teóricas del pactum sujetionis que las relaciones entre
monarca y pueblo, por el cual el ejercicio del poder del primero, y la obligación de obedecer del
segundo, se comprenden como producto de un pacto entre estos. En este pacto se encuentra el
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 1997. p. 208.
5 DE VEGA, Pedro. En torno a la legitimidad constitucional. En: “Estudios en homenaje a Héctor Fix –Zamudio”. UNAM. México, 1988. pp. 803-818. Citado
por: VELEZMORO PINTO, Fernando. En: La Constitución Comentada –Tomo I. Gaceta Jurídica-Congreso de la República. Director Walter Gutiérrez. Lima,
2005. p. 710.