IPSO_JURE_No_28

más la mitad.” Expediente Nº 04900-2006-PHC/TC (Fundamento jurídico Nº 11)
Que en relación a la formalización de la investigación preparatoria tiene dos efectos fundamentales,
conforme se precisa en el Artículo 339° del Código Procesal Penal de 2004. En primer lugar, la
formalización de la investigación
Siguiendo con lo expuesto en los Fundamentos 26, 27 y 31 del Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 28 ,
(y la doctrina a favor sobre la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal 29 ), postula
que el inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente
una suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, en consecuencia, queda sin efecto
el tiempo que transcurre desde éste acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una
sentencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de
sobreseimiento del Fiscal.
C.- Clases de Prescripción de la Acción Penal.
Contando con estas ideas previas, es necesario precisar que la prescripción engloba dos clases:
la prescripción ordinaria y la extraordinaria, al respecto el Acuerdo Plenario de las Salas Penales
Permanente y Transitorias Nº 9-2007/Cj-116 (Asunto: Sobre los plazos de prescripción de la
acción penal para delitos sancionados con pena privativa de libertad según los Artículos 80º y
83º del Código Penal) 30 expone en el sexto y séptimo fundamento: “6.- El Código Penal distingue
de manera sistemática y funcional dos clases de plazos para la prescripción de la acción penal. Es
así que en el artículo 80º regula lo concerniente al plazo ordinario y en el artículo 83º in fine hace
referencia al plazo extraordinario.
Con relación al plazo extraordinario, la norma antes mencionada precisa que éste se vence cuando
“el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción”. Cabe señalar que
para ambos tipos de plazos de prescripción el cómputo se inicia observando las reglas que se
definen en el artículo 82º del Código Penal.”
Si nos decantamos por la posición del acuerdo plenario N° 1-2010/CJ-116, sobre la suspensión del
plazo de la prescripción de la acción penal como producto de la formalización de la investigación
preparatoria, entonces cabría formularse la siguiente interrogante sobre si dicha suspensión
¿acaso no vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable? 31
28 26°. Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión “sui generis”, diferente a la ya señalada,
porque afirma que la Formalización de la Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal -quien adquiere las funciones de las que
actualmente goza el Juez de instrucción-, suspende el curso de la prescripción de la acción penal. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa
entre el Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el Fiscal. En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcurre
desde éste acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del
Fiscal. 27°. La redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución de la “suspensión” con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible deducir que
el legislador quiso reglamentar un supuesto de “interrupción” de la prescripción, porque la voluntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, el
principal efecto de esta norma es la prolongación del tiempo necesario para considerar extinguida la responsabilidad penal por un determinado hecho y, en ese sentido, cuando existe
actividad procesal del Fiscal -formalizando la investigación- el plazo de prescripción deja de computarse desde que se declara. 31°. La aplicación de esta regulación legal no vulnera el
derecho fundamental del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas programado en el inciso tres del artículo 139° de la Constitución -inserto en la garantía del debido proceso- y
tampoco se afecta el derecho a que la causa se resuelva por el Juez Penal en un tiempo razonable…
29 Vid. PARIONA ARANA, Raúl. La Prescripción En El Código Procesal Penal de 2004 ¿Suspensión o Interrupción De La Prescripción? En Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 23. Mayo 2011.
Págs. 221 y ss.
30 Publicado el día martes 25 de marzo del año 2008, en el diario oficial el Peruano. Pág. 6412 y ss.
31 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es un Derecho Constitucional Implícito que se deriva del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. “Artículo 139.- Principios
de la Administración de Justicia. …3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional…”
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al plazo razonable de la investigación fiscal en las sentencias recaídas en el Expediente N.º 5228-2006-PHC/TC
caso Samuel Gleiser Katz, y en el Expediente N.º 02748-2010-PHC/TC caso Alexander Mosquera Izquierdo. Asimismo según jurisprudencia del TC cabe precisar que no podemos fijar
una perspectiva de plazo razonable si no entendemos su aplicación desde la conjunción de tres requisitos procedimentales: actividad procesal del interesado; conducta de las autoridades
judiciales, y la complejidad del asunto. También se puede consultar sobre el tema tangencial al plazo razonable, específicamente sobre la aplicación del Test de las Dilaciones
indebidas nos referimos a la polémica sentencia expedida por el tribunal constitucional peruano sobre el EXP. Nº 3509-2009-PHC/TC caso Walter Gaspar Chacón Málaga. Sobre las
Sentencias que favorecieron la impunidad en materia de lucha contra la corrupción se puede ver el excelente trabajo De RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. ROEL ALVA, Luis Andrés. Balance
81