IPSO_JURE_No_28

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en tiempo record, lo cual genera diversos problemas, pues el abogado defensor sin lugar a dudas
plantearía una excepción de prescripción (extraordinaria), generando como efectos la impunidad del
delito, pero no por inercia del órgano fiscal o judicial, lo cual debe quedar claro, sino por el plazo
irrisorio planteado por el legislador, inyectando como consecuencia grandes de dosis de impunidad
y sembrando la desconfianza en la sociedad, quienes ven en las agencias de persecución del delito
como órganos corruptos y burocráticos, aunado a esto tenemos que el bien jurídico protegido es la
vida humana dependiente, el cual es sustrato de los demás derechos, lo cual deviene en ilógico que
la vida humana no tenga una debida protección, en las siguientes líneas que esbozaremos in extenso
diversas consideraciones que apuntalan las ideas expuestas líneas arriba.
2.2.- Prescripción de la Acción Penal.
El Tribunal Constitucional del perú expone: “Conforme a lo señalado anteriormente por
este Tribunal [Cfr. Exp. Nº 1805-2005-HC/TC, Máximo Humberto Cáceda Pedemonte] la
prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por
el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde
la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción
del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi,
bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo
apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en
el principio pro hómine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva
y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva; orientación que se
funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica
y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando
de esta manera el principio de seguridad jurídica.” Expediente Nº 2506-2005-PHC/TC
(Fundamento jurídico Nº 02).
“El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de
la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ello,
la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.” Expediente Nº 0331-2007-
PHC/TC (Fundamento jurídico Nº 05).
2.3.- Plantemiento Del Problema.
Que de la revisión del Artículo 120° Inciso 2, del actual Código Penal Peruano, se advierte
que el legislador ha regulado una clase de aborto denominado por la doctrina como
Aborto Eugenésico, ilícito que será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
tres meses “Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras
físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”.
Al respecto la problemática se centra en el quantum de la pena privativa de la libertad
a imponerse, pues nuestro código penal lo castiga con una pena irrisoria, al reprimir el
ilícito con pena privativa de la libertad no mayor de tres meses, siendo que en la práctica
la duración del plazo de la investigación preliminar y de la investigación preparatoria a su
turno, superan ampliamente los tres meses, con lo cual consideramos que, de seguirse un
proceso, en estos casos nunca se podría condenar a nadie, porque no habrá inconveniente
en plantear una excepción de prescripción, ya que prescribiría la acción penal a los cuatro
meses y medio, de conformidad con los Artículos 83°, in fine, y 80°.1 del Código Penal 11 .
Es ilustrativo lo expuesto por el doctor Reyna Alfaro ...que en los hechos este supuesto se
encuentra descriminalizado, atendiendo a la pena (3 meses) con el que encuentra conminado este
delito, pues es resulta improbable la imposición de una pena sin que se hayan superado los plazos
ordinarios y extraordinarios de prescripción de la acción penal, por lo que en la práctica sólo será
11 Cfr. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 4ta Edición. Quinta
Reimpresión: 2006. Lima - Perú. Editorial San Marcos. Pág. 95.