FormaciÃ³n en gestiÃ³n ambiental en grupos Ã©tnicos: conceptos

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NormaPolítica dereasentamientoDescripciónEl MAVDT formuló en 2004 una política para el reasentamiento,donde definió los conceptos que son utilizados, los objetivos yprincipios que rigen la preparación y ejecución del reasentamiento,el marco jurídico y la preparación del plan de reasentamientoabreviado.El Marco de Política de Reasentamiento se desarrolla bajo lasnormas aplicables de carácter internacional ratificadas por elGobierno de Colombia, por las normas nacionales, así como porlos principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina quebrindan pautas para la adquisición de predios y protección de losderechos fundamentales de personas desplazadas por proyectos dedesarrollo, así como el método de avalúo de los bienes afectados(Constitución Política, Ley 388 de 1997 (Capítulo IV), Ley 3 de1991 y sus decretos reglamentarios 706 de 1995 y 824 de 1999,Ley 546 de 1999: art 2, Códigos Contencioso Administrativo y Civil,Estatuto de Notariado y Registro, Jurisprudencia: Sentencia C-153de 1994, Marco de Política de Reasentamiento del Ministerio deTransporte, Directrices para la ejecución del Plan de Adquisiciónpredial y Reasentamientos- Plan de APR, según el Marco de Políticadel Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo-(SITM) y (SETP), Directrices para el Cálculo de ReconocimientosEconómicos en Procesos de Adquisición Predial y Reasentamientossegún el Marco de Política de los Bancos Mundial e Interamericanode Desarrollo (BID) para los SITM y SETP. Declaración de HábitatII, Directrices para Elaboración del Plan para ocupantes del EspacioPúblico, según el Marco de Política del Banco Mundial y el BancoInteramericano de Desarrollo SITM y SETP, Manual de OperacionesProyecto Nacional de Transporte Urbano, Normas internacionales:Art. 93 C. P. Convención de San José de Costa Rica (vinculadamediante la Ley 16 de 1972), Política Operativa 7.10 del BID,Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones UnidasPrincipios 6, 7, 8. Jurisprudencia: Sentencia C-575/92, Consulta C EOctubre 28/94, Consultas C E Octubre 28/94, T 617/95, SU-360 de1999, Sentencias T-225 de 1992, T-578 de 1994, T-396 de 1997, T-617de 1995, T-160 de 1996, T 115 de 1998, T-778 de 1998 y SU 360 de1999148
NormaLey 9 de 1989Ley 388 de 1997Decretos 619 de2000 y 296 de2003La Convención deSan José de CostaRica (vinculada pormedio de la Ley 16de 1972)Declaración delos DerechosHumanos de lasNaciones Unidas,Principios 6 yprincipio 7DescripciónLa adquisición de predios por motivos de utilidad pública se rigepor el procedimiento especial ya reglamentado en el capítulo III.Se declara de utilidad pública o interés social la adquisicióndeinmuebles para destinarlos entre otros fines a los siguientes:ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimientoy distribución de servicios públicos domiciliarios; ejecuciónde programas y proyectos de infraestructura; constitución dezonas de reserva para la protección del medio ambiente y losrecursos hídricos; ejecución de proyectos de urbanización y deconstrucción, prioritarios en los términos previstos en los planesde ordenamientoSe prevé como mínimo el reconocimiento del valor de lasmejoras hechas por el poseedor y si su valor es inferior a (50)cincuenta salarios mínimos, el reconocimiento de una sumaadicional que les permita comprar una vivienda en condicionesdignas.Se establece que: “Artículo 21. Toda persona tiene derecho al usoy goce de sus bienes. La ley puede subordinar el uso y goce alinterés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes,excepto mediante el pago de indemnización justa, por razonesde utilidad pública o de interés social y en los casos y según lasformas establecidas en la ley.”Todo ser humano tendrá derecho a la protección contrareasentamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de sulugar de residencia habitual.Antes de decidir el desplazamiento de personas las autoridadescompetentes se asegurarán de que se han explorado todas lasalternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ningunaalternativa, se tomarán todas las medidas necesarias paraminimizar el desplazamiento y sus efectos adversos. Se buscarácontar siempre con el consentimiento libre e informado delos desplazados. Las autoridades competentes tratarán deinvolucrar a las personas afectadas en particular las mujeres en laplanificación y gestión de su reasentamiento149
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