la verdad no contamina

16 Caso Chevron, la verdad no contamina
69,60%. Dichos trabajos se hicieron de manera antitécnica. En 1993,
en Estados Unidos, los perjudicados pusieron una demanda contra la
multinacional por el daño ambiental y por los efectos consecuentes o
colaterales que dejó la explotación petrolera. Las comunidades de Sucumbíos
y Orellana sienten los trastornos en su salud por la contaminación
generada por la actividad extractiva de la compañía estadounidense,
que reparó a medias y mal las zonas afectadas y se niega a pagar
una indemnización. Para los perjudicados, los trabajos de reparación
medioambiental fueron insuficientes o inadecuados.
Para interponer su demanda por daño ambiental, los abogados de los
30 mil afectados, dentro de los fundamentos de Derecho, se ampararon
en la normativa ecuatoriana y tratados internacionales suscritos
y ratificados por el Ecuador, entre ellos: la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; Constitución Ecuatoriana vigente a la época; la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales; el Código Civil; Código Orgánico
de la Función Judicial; el Código de Procedimiento Civil; la Ley
de Gestión Ambiental; el Código Penal; y el Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
Según estudios que han servido para amparar la demanda de los
afectados, se calcula que entre 1972 y 1992 Texaco contaminó el
suelo, esteros, pantanos, ríos y cauces naturales con 464’766.540
barriles de agua de formación, que resultan altamente tóxicos
porque contienen petróleo (hasta 5 mil partes por millón) y están
supersaturadas con sales de metales pesados como cadmio y mercurio.
También, según análisis de expertos, derramó 16,8 millones
de galones de petróleo en la zona de donde lo extrajo.
De las piscinas que Texaco abrió en los años que operó en la Amazonía,
al concluir su actividad solo taponó varias de estas y dejó en
el interior todo su potencial contaminante. Luego, forzada por las
circunstancias, Texaco se comprometió a la reparación ambiental en
1995, en el Gobierno de Sixto Durán Ballén. En 1998 funcionarios
del Gobierno de Jamil Mahuad, suscribieron el acta final (finiqui-