la verdad no contamina

Caso Chevron, la verdad no contamina
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Con estos exorbitantes sueldos, a decir de los expertos, cómo no
pensar que los jueces y árbitros son los principales mentalizadores
que sugieren a las empresas demandar a los Estados.
Un estudio realizado por el Transnational Institute, afirma que
incluso existen ocasiones en que si las utilidades de las empresas
inversionistas en ciertos Estados pequeños no han sido las esperadas,
han optado por los juicios sobre la base de los TBI, para así
poder ‘acomodar’ sus balances. Para ello basta con que el Gobierno
pretenda mejorar los estándares medioambientales, laborales,
salariales, de seguridad o cualquier otra medida que afecte a medio
centavo de ganancias de estas empresas, para tener el pretexto
propicio e iniciar un nuevo arbitraje.
En 1996, en el Ciadi solo existían 38 casos de arbitraje, mientras
que en 2011 fueron 450. Esto —según quienes conocen del
tema— es un claro reflejo de lo lucrativo que es este tipo de querellas,
tanto para las empresas como para los abogados. “Mecanismos
de solución de controversias para los inversionistas como el
Ciadi no convienen para nada a los Estados. En el resto de foros en
donde se desarrollan arbitrajes encontramos cosas similares, porque
están manejados por un grupo cuasi secreto, que en el fondo
se turnan para ser árbitros, ser abogados de empresas y también
abogados de los Estados, cuando existen evidentes conflictos de
intereses en ello”, destacó en este sentido Montero Lara.
Para Montero Lara, los directos y realmente perjudicados son los
pueblos, que a partir de sus impuestos y de su trabajo tienen que
subvencionar los intereses de estas transnacionales que siempre
se han beneficiado y han construido foros para que decidan a su
favor, como el caso del Ciadi, “que está promovido por el Banco
Mundial para cuidar los intereses de quienes aportan a ese organismo,
los que le pagan intereses, pues no están para nada vinculados
a los intereses de las instituciones del Estado”.