la verdad no contamina

Caso Chevron, la verdad no contamina
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(5 años después de la salida de la multinacional). Sin embargo, la
petrolera se ampara en ese tratado para demandar a Ecuador, a
sabiendas de que la ley no es retroactiva.
De la misma forma, demandó que Chevron-Texaco no es responsable
por el daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana y que
se debe endosar el monto de la condena del juicio de la Corte de
Sucumbíos al Estado ecuatoriano.
Uno de sus argumentos es que el Estado liberó a la compañía
de responsabilidad por los impactos ambientales en las provincias
de Orellana y Sucumbíos, cuando se firmó el Acta de
Finiquito en 1998 (en el Gobierno de Jamil Mahuad). Además
exige una indemnización por daños morales causados a
su empresa.
Chevron busca desde hace años —según lo confirman cables de la
Embajada de EE.UU. en Ecuador filtrados por Wikileaks— que se
dé plena validez al acta final firmada en el Gobierno de Jamil Mahuad.
El 17 de septiembre de 2013, la Corte se declaró competente en virtud
del TBI y dijo que el Estado no podrá seguir acciones a la compañía,
aunque determinó que aquello no significa que se libera de las acciones
legales individuales o privadas que puedan emprender los afectados.
La Procuraduría indicó que para el Tribunal el Acuerdo se refiere
a las reclamaciones que el Estado ecuatoriano pueda plantear en
ejercicio de sus propios derechos y no a las realizadas por terceros
que actúen con independencia del Estado.
No obstante, el Tribunal determinó que el Acuerdo de Liberación
impide a terceras personas formular reclamos fundados
en derechos “difusos” o “colectivos”, ya que estos habrían sido
objeto de la liberación conferida por el Gobierno ecuatoriano
de aquella época.