la verdad no contamina

Caso Chevron, la verdad no contamina
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El acta final, a la que tuvo acceso el diario público EL TELÉ-
GRAFO, fue suscrita por el exministro de Energía y Minas, Patricio
Ribadeneira; el presidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro
Gordillo; el gerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo;
el vicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo
Pérez Pallares, representante legal de esa compañía en Ecuador, a
la que se denominó Texpet.
Los funcionarios de ese Gobierno avalaron con su firma que Texpet
cumplió “cabalmente” con todos los trabajos en las piscinas y derrames,
el taponamiento y abandono de pozos, la reparación de suelo...
Asimismo, que Texpet realizó las compensaciones proporcionando
el millón de dólares establecido para proyectos a ser ejecutados por
las organizaciones Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos
del Ecuador (Foise) y Federación de Comunas de Nativos
de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y suministrado fondos
para la construcción de los 4 centros matrices de educación y 4
dispensarios médicos adyacentes, con apoyo de 2 ambulancias fluviales
y una avioneta para la logística aérea comunitaria.
En el acta final consta además que Texpet cumplió con la ejecución
de obras en proyectos de agua potable, alcantarillado y letrinización,
con los municipios de las cabeceras cantonales de Lago
Agrio, Shushufindi, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pidió reabrir
la investigación y sancionar a los exfuncionarios del gobierno de
Mahuad por “peculado”, tanto a los que suscribieron en 1997 las
actas de recepción que avalaban los supuestos trabajos de remediación
como a los que, en 1998, firmaron el finiquito.
La denuncia para que se investigue a los exfuncionarios fue presentada
en 2003 por el entonces contralor general subrogante,
Genaro Peña, a la fiscal Mariana Yépez, con base en los resultados
de una auditoría.