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Generalidades sobre la participación
ciudadana en materia ambiental dentro
del ordenamiento jurídico colombiano en
la segunda mitad del siglo XX
La participación de las comunidades y de la
ciudadanía ha presentado diversas acepciones y
acogidas legales a lo largo de la segunda mitad
del siglo. De ser un tema invisible, como lo era la
misma temática ambiental, y reducida a la esfera
particular de cada propietario o usufructuario
de los bienes y servicios que ofrece el medio
natural, empezó a ser considerada como un
objetivo deseable de la gestión ambiental, así
como de otras esferas de la administración
pública. Entre las primeras regulaciones que
consideran la participación social, asumían
que era un horizonte deseable que se diese la
participación de la sociedad en los beneficios y
el bienestar que podía ofrecer la naturaleza, y la
sensibilización a través del escenario educativo.
En este sentido, el Código Nacional de Recursos
Naturales aprobado por el Decreto 2811 de
1974, en su artículo 2, numeral 1 señaló como
objetos u objetivos del código la preservación
y restauración del ambiente, y “la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los
recursos naturales renovables, su disponibilidad
y “la máxima participación social”, en beneficio
de la salud y bienestar de los habitantes
presentes y futuros del territorio nacional. En
el artículo 14 del mismo cuerpo codificado se
ordenó al gobierno nacional que reglamente
dentro de la educación, la promoción de
jornadas ambientales con participación de la
comunidad.
Las actuaciones administrativas comprendidas
en este código comportan la intencionalidad
formal de proteger el ambiente y los derechos
e intereses generales de la comunidad (p.ej:
art. 9), porque considera al ambiente como
un patrimonio común, y por lo tanto su
preservación y manejo es de utilidad pública,
e interés social (Art. 1). También allí se afirma
que todas las personas tienen derecho a un
ambiente sano (art. 7), como se hará después
en la Constitución Política de 1991, pero se
matizan estas declaraciones con el respeto a
los derechos particulares adquiridos sobre los
elementos ambientales y los recursos naturales
renovables (art. 4), y cuando obligaba a los
estudios de impacto, no permitía procesalmente
su discusión social, sino que los resultados serían
conocidos por la agencia ambiental encargada
de tramitar la licencia, permiso o concesión que
produjere deterioro ambiental, o “deterioro grave
a los recursos naturales renovables o al ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias
al paisaje.” (arts.27, 28).
La anterior concepción implícita en el articulado
del código (ya derogado por la ley 99 de 1993 y
normas subsiguientes, en lo relativo a trámites
de licencias y estudios de impacto ambiental)
es de un carácter privado de las actuaciones,
así como de una concepción estrictamente
subjetiva de los derechos concedidos, a pesar
de las declaraciones de principios, que son
orientativas de un espíritu más amplio, lo que
convertía a la esfera procesal de los trámites
ambientales en un camino estrecho para la
participación social efectiva en estas actuaciones,
y se circunscribía mas a la participación en las
decisiones relacionadas con la oferta y manejo
de los bienes y servicios ambientales.
Una posibilidad teórica adicional de incidir en
las decisiones administrativas sobre la gestión
ambiental era la de las acciones populares,
acciones de carácter judicial, comprendidas en
el centenario Código Civil de 1886, arts. 1005
y 2359, y las posteriores acciones populares
agrarias del decreto ley 2303 de 1989 y ley 23
de 1973, art. 16, opción poco utilizada, hasta la
promulgación de la Constitución de 1991 (art.
88), que por no tener reglamentada tal figura
permitió que se revisará su pertinencia fundada
en el Código Civil y como tal fue utilizada por la
ONG ambientalista Fundepublico, dirigida por
Germán Palacio Sarmiento desde mediados de la
década de 1980, quien difundía ampliamente tal
posición en instancias académicas (Sarmiento,
1988) hasta la posterior reglamentación del
articulado constitucional a través de la ley 472
de 1998.
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La participación ciudadana en materia materia ambiental
Universidad del Magdalena • Universidad Autónoma de Madrid