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derechos constitucionalmente reconocidos,
tengan o no el carácter de fundamentales.
Esto es lo que sucede, por ejemplo, tratándose
del derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano, en torno del cual “la ley
garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo”
(Artículo 79) y de la preservación del derecho
a la integridad cultural, social y económica de
las comunidades indígenas, a propósito de la
explotación de los recursos naturales en los
territorios indígenas, (…)”
Sin embargo las modalidades y escenarios
de participación aquí relacionados no
son los únicos, pues caben también otras
posibilidades, especialmente en el campo de
la participación política, como la revocatoria
de mandato, las veedurías ciudadanas que
también pueden darse en materia ambiental
Nombre del derecho,
acción o instrumento de
participación política
Consulta popular Institución o práctica mediante la cual, una pregunta
de carácter general sobre un asunto de trascendencia
nacional, departamental, municipal, distrital o local,
es sometida por el Presidente de la República, el
gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración
del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al
respecto.
En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.
Cabildo abierto Reunión pública de los concejos distritales, municipales
o de las juntas administradoras locales, en la cual los
habitantes pueden participar directamente con el fin de
discutir asuntos de interés para la comunidad.
(promovidas en Colombia especialmente por la
Contraloría General de la República), el Cabildo
abierto, la Consulta popular, la posibilidad de
presentación de observaciones a proyectos
legislativos en curso, el referendo aprobatorio
o derogatorio de una norma, la iniciativa
popular legislativa nacional, departamental o
local, mecanismos estos que junto a otros de
libre iniciativa ciudadana por remisión expresa
que hace la ley 134 de 1994, artículo 1, inciso 3,
pueden permitir el ejercicio de la participación
ciudadana en la toma de decisiones o
formulación de política ambiental, pero que
en la práctica poco o nunca se han puesto
en ejercicio, por las exigencias conjuntas
de logística, cabildeo y financiación que
conllevan. La tabla 6.2 sintetiza tales derechos,
instrumentos y acciones de participación.
Naturaleza y definición Quien la ejercita y fundamento para su utilización
Veeduría ciudadana Mecanismo democrático de representación que
le permite a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades,
administrativas, políticas, judiciales, electorales,
legislativas y órganos de control, así como de las
entidades públicas o privadas, organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional o internacional
que operen en el país, encargadas de la ejecución de un
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un
servicio público.
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La participación ciudadana en materia ambiental
Las de carácter nacional serán presentadas por el Presidente de la República, con la firma de
todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República. No se podrán
realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política. Ley 134
de 1994, arts. 50 al 63
Se podrán realizar consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local por parte
de los gobernadores y alcaldes para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales,
municipales, distritales o locales, aunque no se ha reglamentado adicionalmente esta figura
Ley 134 de 1994, art. 51.
La petición de Cabildo Abierto podrá formularse por un número no inferior al cinco por mil del
censo electoral del municipio, distrito, localidad comuna o corregimiento, según el caso, podrán
presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea
discutido un asunto en Cabildo Abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha
de iniciación del periodo de sesiones. Las organizaciones civiles podrán participar en todo el
proceso de convocatoria y celebración de los Cabildos Abiertos. Ley 134 de 994, art. 82.
En cada periodo de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las
juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se
considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o
corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva.
Ley 134 de 1994, art. 81.
En el Cabildo Abierto se podrá ventilar cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin
embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto
administrativo. Ley 134 de 1994, art. 83, y en general arts. 81 al 89 de la misma ley.
La veeduría se constituye por todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones
civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de
utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro. Ley 850 de 2003, art. 2.
La vigilancia de las veedurías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución
Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y
niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, en el ámbito
nacional, departamental, municipal, y demás entidades territoriales, sobre la gestión pública y los
resultados de la misma, trátese de organismos, entidades o dependencias del sector central o
descentralizado de la administración pública; en el caso de organismos descentralizados creados
en forma indirecta, o de empresas con participación del capital privado y público tendrán derecho
a ejercer la vigilancia sobre los recursos de origen público. La vigilancia de la Veeduría Ciudadana
se ejercerá sobre entidades de cualquier nivel o sector de la administración y sobre particulares
y organizaciones no gubernamentales que cumplan funciones públicas, de acuerdo con las
materias que interesen a aquellas, de conformidad con su acta de constitución, sin importar el
domicilio en el que se hubiere inscrito. Ley 850 de 2003, art. 5.
Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución
de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por
iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización
civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia
difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente. Ley 134
de 1994, art. 100, y ley 850 de 2003.
Universidad del Magdalena • Universidad Autónoma de Madrid