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Nuevas Miradas y Estrategias Para la Sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta
Nombre del derecho,
acción o instrumento de
participación política
Iniciativa popular legislativa
y normativa ante las
corporaciones públicas.
Como se aprecia, hay un gran número
de oportunidades y herramientas de
participación en el ordenamiento
legal ambiental colombiano, y de la
misma manera se comprende desde
el punto de vista constitucional. Sobre
el particular la Corte Constitucional
entendió desde el comienzo de sus
intervenciones lo siguiente:
“La participación ciudadana y comunitaria en
la protección del ambiente y de los recursos
naturales tiene sólidos fundamentos en la
Constitución Política. El carácter democrático,
participativo y pluralista del Estado, el principio
de participación de todos en las decisiones
que los afectan y la soberanía popular,
establecen un modelo político muy definido
que moldea las relaciones individuo-Estado,
particularmente en aspectos tan sensibles y
vitales para todos como es el tema ambiental. El
Tabla 6.2. Mecanismos de participación política ciudadana en Colombia.
Naturaleza y definición Quien la ejercita y fundamento para su utilización
Derecho político de un grupo de ciudadanos de
presentar Proyecto de Acto Legislativo y de ley ante
el Congreso de la República, de Ordenanza ante las
Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los
Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante
las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones
de las corporaciones de las entidades territoriales.
Referendo Derecho político que permite la convocatoria que
se hace al pueblo para que apruebe (referendo
aprobatorio) o rechace (referendo derogatorio) un
proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma
ya vigente.
También es posible el referendo constitucional por
el que el Congreso, podrá someter a referendo un
proyecto de reforma constitucional que el mismo
congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado
de manera que los electores puedan escoger libremente
en el temario o articulado que votan positivamente y
que parte del temario votan negativamente.
Revocatoria del mandato. Derecho político por medio del cual los ciudadanos dan
por terminado el mandato que le han conferido a un
gobernador o a un alcalde.
Plebiscito Pronunciamiento del pueblo mediante el cual apoya
o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo
nacional (Presidente).
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Constituyente elevó a la categoría de derecho
colectivo el goce de un medio ambiente sano,
y dispuso que la ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.”. –Sentencia C 328 1995-
Con posterioridad la misma Corte
Constitucional en sentencia C 418 de
2002 planteó la naturaleza del derecho de
participación y de la participación en materia
ambiental por parte de grupos étnicos:
“(…) la participación en si misma ostenta
rango de derecho fundamental que debe ser
asegurado y facilitado por las autoridades a
“todos”, en cuanto fin esencial del Estado, en
torno de las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y
cultural. Pero al propio tiempo, la participación
se instaura en instrumento indispensable
e insustituible para la efectividad de otros
Grupos de ciudadanos según lo regla la ley 134 de 1994 art. 2, equivalentes al 5 por 1.000 de
los ciudadanos que integran el censo electoral de la circunscripción respectiva, o por el por
el 20% de los concejales o diputados del país. Se regula por los arts. 10 al 31 de la ley 134 de
1994 y decreto 895 de 2000.
Un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del censo electoral nacional,
departamental, municipal, distrital o local, según el caso, podrá solicitar ante el Registrador
del Estado Civil correspondiente la convocatoria de un referendo para la aprobación de un
proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local de iniciativa popular que sea
negado por la corporación respectiva o vencido el plazo de que trata el Artículo 163 de la
Constitución Política, o solicitar la derogatoria total o parcial de leyes, ordenanzas, acuerdos o
resoluciones locales. Regulado por la ley 134 de 1994 arts. 3, 4, 5, 10 al 27, y 32 al 49 y decreto
895 de 2000. El referendo constitucional se presenta a iniciativa del Gobierno o de un grupo
de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral. El trámite de esta ley de referendo exige
la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras La aprobación de reformas
a la Constitución por vía de referendo requiere del voto afirmativo de más de la mitad de los
sufragantes y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que
integran el censo electoral, según lo regula la ley 134 de 1994, arts 33 y ss.
Podrán solicitar ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente la revocatoria quienes
participaron en la votación en la cual se eligió al funcionario correspondiente en un
número no inferior al 40% del total del votos válidos emitidos en la elección del respectivo
mandatario. La revocatoria procederá siempre y cuando haya transcurrido no menos de un
año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario. Ley 134 de
1994 arts. 6, 64 y ley 741 de 2002.
El mandato de gobernadores y alcaldes se revoca, al ser aprobada la revocatoria por un
número de votos no inferior al sesenta por ciento (60%) de los ciudadanos que participen
en la respectiva votación, siempre que el número de sufragios no sea inferior al sesenta por
ciento (60%) de la votación registrada el día en que se eligió al mandatario, y únicamente
podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la cual se eligió al respectivo
gobernador o alcalde. Ley 134 de 1994 art. 69 y en general arts. 64 al 76. Ley 741 de 2002.
El plebiscito se realiza por convocatoria del Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros, para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación
del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los
poderes correspondientes. En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la duración del
periodo constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar la Constitución Política.
El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un
plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual
no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en
que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra
elección. Ley 134 de 1994 arts. 7, y 77 al 80.