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2002 debe entenderse de la siguiente manera:
“La democracia participativa supone una
tendencia expansiva. Esta característica
significa que el principio democrático debe
ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y
hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la
construcción de una nueva cultura que debe
paulatinamente implementarse en la sociedad
política. Se trata pues de una maximización
progresiva de los mecanismos que permiten
el acceso al poder político, y el ejercicio y
control del mismo, así como la ingerencia en
la toma de decisiones. Desde este punto de
vista, la tendencia expansiva de la democracia
participativa proscribe los obstáculos y trabas
que impiden la efectiva realización de la
democracia, y el excesivo formalismo de las
normas que regulan el ejercicio de los derechos
políticos.”. -Subrayado del autor-.
La evaluación de la Corte recoge las nuevas
tendencias constitucionales de los Derechos
de tercera generación (colectivos), que tal vez
no son totalmente comprendidos y aplicados
por la institucionalidad ambiental. Visto este
claro criterio constitucional, podemos concluir
sobre la desnaturalización de tales garantías
y criterios orientadores progresivos, no
restrictivos, lo que hace aún más lamentable
que el Ministerio Público colombiano, defensor
institucionalizado de los derechos ciudadanos,
sostenga esta posición sobre la audiencia
pública (tal vez legitimando la percepción que
en la práctica se tiene de tal instrumento), a
la que eufemísticamente considera ajena al
debate y a la afectación de la decisión final
(¿otra forma de decirlo significaría que a la
audiencia las autoridades ambientales deberían
llegar con la decisión tomada?), siendo evidente
un sentido diverso en el texto de la Constitución
Política y en la ley. Un asunto diferente es que la
audiencia sólo se realizará cuando sea solicitada
oportunamente según los términos procesales
que señala la misma ley, y que de no hacerse, no
se invalidan formalmente las actuaciones. Pero
esta descripción del alcance de la audiencia
no conduce a la desmovilización o inmovilidad
ciudadana y la desesperanza o apatía ante los
trámites administrativos en materia ambiental a
que lleva la valoración de la Procuraduría.
En cuanto a la participación en las consultas de
las comunidades indígenas y de comunidades
negras (como las denomina la ley 70/93) o
de afrodescendientes, como ahora se usa en
Colombia, la Corte Constitucional ha declarado
inexequibles leyes que afectan el entorno natural
y los recursos ambientales de comunidades
negras entre otras, en las sentencias C 461 de
2008, y C 030 de 2008, así como ha concedido
tutelas a los derechos de afrodescendientes por
vulneración a su medio como en las sentencias
de Tutela T 955 de 2003, y T 574 de 1996. En esta
última buscó proteger los recursos naturales
afectados como medio de proteger la “integridad
cultural, social y económica de las comunidades
afro e indígenas.”
Las consultas en la práctica previa, se hacen
en ocasiones sin mayor socialización detallada
de los efectos previstos, o con desviación u
ocultamiento de la verdad (caso pueblo Embera
Katío del Alto Sinú, en el Sur de Córdoba,
también en la región Caribe colombiana, con
la construcción de la represa de Urrá, lo que los
convirtió en mendigos urbanos y expulsados
de su tierra, además de perder, por asesinatos
sistemáticos, a sus líderes), mientras que algunos
casos emblemáticos como el de los Uwa fueron
un ejemplo por la fortaleza y unidad de acción
de los indígenas, quienes contaron con el
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La participación ciudadana en materia ambiental
Universidad del Magdalena • Universidad Autónoma de Madrid