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Nuevas Miradas y Estrategias Para la Sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta
tratado o protocolo internacional, que son los
instrumentos del derecho internacional público
para generar obligaciones exigibles entre los
Estados (que fue el sentido de la demanda que
dio origen a la sentencia). Sin embargo esto
último no desnaturaliza la función asignada a
los principios de Río, ni su debida consideración
a la hora de aplicar las normas ambientales.
Luego de la contextualización del valor legal de
tal remisión, se aprecia que el principio número
10 de la declaración de Rio expresa, frente a la
participación de los ciudadanos con relación a
la toma de decisiones en materia ambiental:
“Principio 10. El mejor modo de tratar
las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos
interesados. Para ello todas las personas
deberán tener acceso adecuado a la
información sobre el medio ambiente de
que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre materiales y
las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de
participar en los procesos de adopción de
decisiones. Además los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la
información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.”
Esta declaración fomenta la participación, tal
como lo hace igualmente el numeral 10 del
artículo 1 de la ley 99 de 1993, que señala: “10.
La acción para la protección y recuperación
ambientales del país es una tarea conjunta
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y coordinada entre el Estado, la comunidad,
las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado. El Estado apoyará e
incentivará la conformación de organismos
no gubernamentales para la protección
ambiental y podrá delegar en ellos algunas de
sus funciones.”, sin embargo esta participación
conjunta previamente exige entregar
información y poner a disposición de las
personas de la información sobre los materiales,
actividades y posibles riesgos potenciales a
que se exponen los ecosistemas en los que se
encuentran insertos, por las intervenciones
cuyo trámite aprobatorio realice la autoridad
ambiental. Es decir, la participación no puede ser
simplemente informativa de lo que previamente
se ha decidido, sino que exige ilustración,
conocimientos locales y científicos, así como la
garantía de que los procedimientos permitan
la participación informada, con suficiencia,
de los afectados, lo que supone la difusión
de los riesgos de la intervención a realizar en
el medio, que debe recoger un estudio de
impacto ambiental. Sobre esto último la misma
ley 99/93 en su artículo 1, num. 11, al igual
que el principio 17 de la Declaración de Río,
señalan que los instrumentos para determinar
los posibles riesgos, afectaciones o efectos de
las intervenciones al ambiente, son los estudios
de impacto ambiental, lo que se traduce en una
interpretación armónica de estos textos, en que
los interesados y afectados deben disponer de
estudios serios de impacto ambiental, sobre
los efectos, riesgos o amenazas que se ciernan
sobre el medio 2 .
2 Los estudios de impacto ambiental fueron practicados
en Colombia desde los informes de la misión Nethan
en 1959, que fue contratada por el Ministerio de
obras públicas para evaluar el impacto de las obras