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“Los impactos sociales son positivos
puesto que no se va a necesitar desalojar
a ninguna persona: se va a mejorar la
vía de acceso en coordinación con la
administración municipal; se hará el
tendido de la red primaria para el suministro
de la energía eléctrica a la planta; y se hará
señalización de la vía para control del tráfico
vehicular y la generación de empleos entre
otros”( F. 265, C. 2.).
El Gerente de Petrocomercial en la misma
audiencia, recalcó la inexistencia de problemas
o afectaciones, y respondió ante las inquietudes
comunitarias sobre la mala situación del
corregimiento de Palermo, que no solucionaría
los problemas del municipio, pero que las
obras de infraestructura básica a ejecutar por
su empresa iban a beneficiar a la comunidad
de “alguna manera”, y que los impuestos que
pagarían la empresa serían invertidos por el
municipio según la destinación que determinara
la Alcaldía municipal (ibídem). En esencia, poco
es lo que quedaría, salvo la contaminación
y transformaciones en el uso del territorio a
cambio de la irregular aprobación “comunitaria”,
y de la ausencia institucional del MA, y del
Ministerio público (Procuraduría y Defensoría
del Pueblo) quienes brillaron por su ausencia.
En el caso del MAVDT, sorprende la omisión de
comentarios críticos en dicha consulta, al no
comunicar a la comunidad los posibles riesgos
de la actividad que previamente un equipo
interno había determinado, en aplicación del
principio legal, y obligatorio de precaución, que
consagra la ley 99 de 1993, rectora del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) colombiano, en el
artículo 1, numeral 6, y cuyo texto señala:
“6. La formulación de las políticas ambientales
tendrá en cuenta el resultado del proceso
de investigación científica. No obstante, las
autoridades ambientales y los particulares darán
aplicación al principio de precaución conforme
al cual, cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente.”
Debía considerarse el principio de precaución,
ya que había conceptos opuestos sobre
la viabilidad del proyecto, y el segundo
concepto no había desvirtuado técnicamente,
desde la perspectiva ambiental, los daños y
afectaciones potenciales a ocurrir que señalaba
detalladamente el primero de tales conceptos.
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La participación ciudadana en materia ambiental
Universidad del Magdalena • Universidad Autónoma de Madrid