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Nuevas Miradas y Estrategias Para la Sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta
Nombre del escenario,
o instrumento de
participación
Derecho de petición
de interés general y
particular
Derecho de petición de
información
Participación-
Representación en
Comités territoriales y
nacionales
Audiencias públicas
ambientales
La participación ciudadana colombiana
en los asuntos ambientales a partir de la
ley 99 de 1993
La participación ciudadana tiene una fuerte
base constitucional consagrada en el artículo 2,
como principio orientador de la interpretación
de los derechos ciudadanos, al señalar los fines
esenciales del Estado:
“Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de
la Nación…”.
En el ámbito estrictamente ambiental, no parece
haberse acogido este mandato explícito del fin
estatal colombiano, como se trata más adelante
al narrar la concepción de algunas herramientas
que facilitan la participación en sentido estricto;
sin embargo, en la actualidad Colombia dispone
dentro de su ordenamiento jurídico de un
amplio arsenal de medios que posibilitan la
participación ciudadana en la defensa del
ambiente a través de vías administrativas
Naturaleza
Procedimientos
administrativos generales y
específicos
Procedimientos
administrativos generales y
específicos
Mecanismo legal de
representación y participación
ciudadana.
Quien la ejercita y fundamento para su
utilización
Toda persona puede usarlo según el art.
23 de la Constitución Política y arts. 4, 5 y
9 del Código Contencioso Administrativo
(CCA).
Toda persona puede usarlo según el art.
23 de la Constitución Política y art. 17 del
CCA, y 74 de la ley 99 de 1993.
Participación estamental, gremial o
representativa para formulación de política
sectorial de diferente nivel y jurisdicción.
Ley 99 de 1993, art. 4. Num.4;
Por solicitud del ministerio público u otras
autoridades, o “por lo menos cien (100)
personas o tres (3) entidades sin ánimo de
lucro”, según la ley 99 de 1993, art. 72.
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o judiciales. Estas amplias opciones en la
realidad dependen de las circunstancias
del contexto local, la información y mayor o
menor disponibilidad de participación de los
ciudadanos, la existencia de actores armados
irregulares con incidencia en las regiones y en
las administraciones territoriales y de justicia
local (por relaciones directas o por coacción), así
como igualmente dependen de la morosidad
judicial tanto en la jurisdicción contenciosa
administrativa, como en la morosidad que
degenera en impunidad en la jurisdicción
ordinaria y penal. Estas variables generales son
las que determinan en la práctica la posible
aplicabilidad de las herramientas legales e
institucionales de la participación que ofrece el
ordenamiento jurídico colombiano.
A modo de ilustración, y teniendo presentes las
acotaciones anotadas, los medios y escenarios
de participación y representación ciudadana
en la gestión ambiental más relevantes se
presentan en la Tabla 6.1.
Taba 6.1. Descripción de los medios y escenarios de participación y representación ciudadana en la gestión ambiental en Colombia.
Consultas ambientales
obligatorias a grupos
étnicos
Intervención
ciudadana abierta
en procedimientos
administrativos
ambientales
Procedimiento administrativo
ambiental específico (trámite
de un asunto en concreto)
Procedimiento administrativo
ambiental específico (trámite
de un asunto en concreto)
Procedimiento administrativo
ambiental específico (trámite
de un asunto en concreto)
Miembros de grupos étnicos afectados,
según la ley 99 de 1993, art. 76. y decreto
1320 de 1998 (derogado –sin efectos
actuales-, aunque mencionado en textos
posteriores sin reglamentación detallado
que lo sustituya).
Cualquier Persona según la ley 99 de 1993,
art. 69.
Uso posible y oportunidad
En todas las actuaciones administrativas (ante el Estado y
particulares que presten servicios públicos)
En todas las actuaciones administrativas (ante el Estado y
particulares que presten servicios públicos)
Los delegados o representantes son designados según
procedimientos reglados para cada caso.
Puede solicitarse cuando se “desarrolle o pretenda
desarrollarse una obra o actividad que pueda causar
impacto al medio ambiente o a los recursos naturales
renovables, y para la cual se exija permiso o licencia
ambiental conforme a la ley o a los reglamentos”.
Sólo en caso de que la intervención o licencia en
curso afecte ecosistemas en los que habiten o tengan
interés comunidades indígenas o comunidades
afrodescendientes.
Intervención para la “expedición, modificación o
cancelación de permisos o licencias de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o
para la imposición o revocación de sanciones por
el incumplimiento de las normas y regulaciones
ambientales.”