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108 La construcción de salud en el Ecuador desde los movimientos sociales, aproximaciones iniciales La salud y la vida 109
las vacunas como panacea de la salud, así como
se hace alarde del éxito de la prevención de la
transmisión vertical del VIH, mientras se quieren
anular los avances de despenalización del
aborto; se niega la PAE en una relación insegura
o en una violación incestuosa; y no se ha hecho
mucho esfuerzo por desestigmatizar a una mujer
que tiene VIH, a una que aborta, o a una trabajadora
sexual. Los grupos conservadores han
recreado sutiles y perversas formas de control
de los cuerpos de las mujeres.
No obstante, han proliferado redes latinoamericanas
y nacionales. En Ecuador, se creó
el Frente de Defensa de los Derechos Sexuales
que enfrentó, con la dinámica del movimiento
de mujeres, los intentos conservadores del año
2006, que utilizaron todos sus recursos -diputados,
profesionales, profesores y, estudiantes-
para intentar excluir el capítulo de salud sexual
y reproductiva de la Ley Orgánica de Salud (vía
Ejecutivo), conculcar los derechos sexuales y reproductivos
de los y las adolescentes en la Ley
Orgánica 42 , impedir la circulación de Postinor 43
(vía tribunal de garantías constitucionales),
y presentar el proyecto de Ley para abolir el
aborto terapéutico y penalizar cualquier tipo de
aborto (vía Congreso).
La Asamblea Constituyente marca el auge del
debate del aborto, una vieja reivindicación feminista
que confrontó posturas desde la derecha
y la izquierda y que se explica en el artículo de
la puertorriqueña Yamila Azize con el título “La
izquierda y el aborto en América Latina y el Caribe:
Un pasito adelante y… diez atrás” en donde reafirma
la deuda de los gobiernos progresistas de la
región para abordar el tema del aborto e impulsar
políticas que protejan la salud y la vida de las
mujeres. La excepción es Cuba, y ahora México
DF y Bogotá DF, que han ampliado las causales
del aborto (Azize, 2009).
El debate constitucional presentó posturas radicales
desde las jóvenes feministas (Coordinadora
Juvenil por la Equidad de Género, Casa Feminista
Rosa). Fue la primera vez que el aborto se
trató en forma pública y con un álgido debate
que fue cubierto por los medios de comunicación.
Anteriormente, el tema se había abordado
en reflexiones, acciones y especialmente en
las campañas del 28 de septiembre como un
problema de salud pública, de justicia social y
como una violación al derecho a la salud de las
mujeres (Betancourt, 2000b). En la actualidad,
el país dispone, por “la Colectiva por la Libre Información
de las Mujeres” de la Línea de Aborto
Seguro, que brinda información a la mujeres que
quieren decidir (http://infoabortoseguro.blogspot.com/).
En definitiva, la salud, complejizada por el movimiento
de mujeres ecuatorianas ha posicionado
diversos temas relacionados con las brechas
de género entre hombres y mujeres que impiden
el goce de la igualdad y equidad, con repercusiones
en su salud. En ese sentido se ha visibilizado
lo siguiente:
42 Ley Orgánica de Salud (2006) mantiene la atención integral en delitos sexuales, la utilización de
la Píldora de Anticoncepción de Emergencia, la educación sexual en jóvenes y el mejoramiento de
la calidad de atención en casos de abortos contemplados en la ley, entre otras cosas. Se recuerda
que algunos de estos articulados fueron vetados por el Presidente de la República; no obstante, el
Congreso hizo caso omiso y aprobó la Ley Orgánica de Salud con el articulado original.
43 A pesar de que el movimiento se dinamiza y que existe solidaridad nacional e internacional en la
defensa de los derechos de las mujeres, los grupos pro-vida lograron la prohibición de la venta del
Postinor en el país.
• La violencia contra la mujer como: un problema
de salud pública, 44 una violación de los
derechos humanos y un problema de desarrollo
y de seguridad, ha permitido la realización
de acciones y estudios (OPS, 1999) que
mostraron en Latinoamérica la existencia
del problema y los obstáculos que las mujeres
tienen para hablar y resolverlo, y profundizaron
en las representaciones sociales
que los funcionarios públicos (profesores,
maestros, abogados, entre otros) tienen para
apoyar a las mujeres en la resolución de su
problema.
La violencia contra la mujer no solo es un
riesgo epidemiológico que impide el goce del
derecho a la salud y de los derechos sexuales
y reproductivos, sino que provoca la muerte
en el espacio familiar. Este problema visibilizado
fue demandado al Estado ecuatoriano
por el movimiento de mujeres desde los años
80, lo que permitió el desarrollo de varias acciones
como la promulgación de la ley 103, la
creación de las comisarías de la mujer 45 y la
familia y metodologías de atención integral.
Se tiene ahora una política intersectorial que
establece la obligatoriedad de las instancias
públicas, más allá del Ministerio de Salud, de
implementar el Plan Nacional de Erradicación
de la Violencia de Género.
La profundización de este problema evidenció
la existencia de violencia sexual en
la niñez y de otros delitos sexuales, incluida
la explotación sexual, que adquiere fuerza
incontrolable en los actuales momentos de
globalización.
• El cuerpo ya no es un ente neutro, pues la diferencia
sexual establece significados sociales
que devienen en formas de inequidad que
atraviesan incluso el abordaje de la ciencia
médica. De hecho, se tiene un cuerpo de la
mujer hiperobservado y controlado, frente a
un cuerpo masculino que representa e invisibiliza
las necesidades de las mujeres, a la vez
que niega al cuerpo masculino su potencialidad
humana. El placer, parte del disfrute de
la salud y la vida, es solo un derecho de hombres,
y, paradójicamente, ellos no tienen acceso
a la prevención de las enfermedades.
Visibilizar el cuerpo posicionó la idea de que
lo personal es político y concluyó que la salud
y la enfermedad tienen como primer territorio
el cuerpo, pues es lo único que nos
pertenece. Nuestro cuerpo, como un espacio
tan íntimo y tan público a la vez.
• La defensa de la Ley de Maternidad Gratuita
y Atención a la Infancia, propició la emergencia
de las usuarias como sujetos políticos
en defensa de la atención de calidad, estrechando
la relación Estado-sociedad civil a
través de un interesante ejercicio de democracia
directa. En él participaron mujeres diversas
que han estado excluidas (indígenas,
montubias, rurales, campesinas, jóvenes)
empoderándose en el ejercicio y exigibilidad
del derecho a la salud, los derechos sexua-
44 La declaración por parte del MSP, de que la violencia contra la mujer es un problema de
salud pública, se realizó en 1998. Posteriormente, algunos cantones crearon ordenanzas,
comprometiéndose a realizar acciones para eliminar la violencia contra la mujer, pues atenta contra
la salud y la vida de las niñas y mujeres.
45 Las comisarías de la mujer y la familia son instancias que se colocan dentro del aparato
gubernamental, pero la demanda inicial surgió del movimiento de mujeres. En esta iniciativa,
el CEPAM Quito, que trabajó en los barrios urbano-marginales desde los años 80 en salud
y desarrollo, fue eje fundamental para la construcción conceptual y metodológica en la
estructuración de las comisarías y su implementación a nivel nacional.