Vademécum Laboral

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Vademecum Laboral
Con Perspectiva de Género
OCTAVO. Acreditado el despido intempestivo de la trabajadora, es procedente
que su exempleador le pague lo siguiente: a) Dos meses de remuneración,
conforme lo dispone el inciso 4o. del Art. 189 del Código del Trabajo; b) Un
año de sueldos como indemnización, de conformidad con lo establecido
en el Art. 155 ibídem; c) El equivalente a la indemnización de un año
de remuneraciones, según lo dispuesto en el inciso 2o. del Art. 6 del Decreto
Ley No. 30 publicado en el Reg. Of. 727, de 13 de julio de 1987. Establecido
el vínculo laboral, y, a falta de prueba de pago o solución, que era obligación
del demandado justificar, a la actora le corresponde, además: a) partes
proporcionales por décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto sueldos;
2) vacaciones no gozadas y bonificación complementaria.
NOVENO. Las utilidades obtenidas por el empleador no han merecido la
demostración suficiente. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma el fallo
recurrido. Sin Costas. Notifíquese.
Gaceta Judicial. Año XC. Serie XV. No. 7. Pág. 2064, Quito, 1 de febrero
de 1990:
Jurisprudencia Civil Serie Xv, Tomo Ii, Gacetas 5 A 8
Indemnizacion Laboral Por Embarazo
Cierto es que el Art. 155 del Código del Trabajo, refiriéndose al momento
administrativo prescribe que el Inspector del Trabajo ordenará al empleador
pagar una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración
a la trabajadora embarazada, sin perjuicio de los demás derechos que le
asisten. Sin embargo es de elemental comprensión que el incumplimiento de
esta obligación patronal le da también pleno derecho a la trabajadora para
acudir en la vía judicial ante el Juez del Trabajo, es decir, que en el ámbito de
la protección al trabajador el Art. 5 establece que los funcionarios judiciales
y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y
debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Más, tenemos
que comprender que intentaba la acción para reclamar estos derechos en la vía
judicial, el Art. 556 del citado estatuto legal precisa que, los Jueces del Trabajo
ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer
y resolver los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo
y que no se encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad; de manera
que sería un grave error en la Administración de Justicia aceptar el criterio
de que el funcionario administrativo que conozca del reclamo cuestionado lo
excluye al judicial cuya competencia está nítidamente establecida en la Ley.
MTE - UNIFEM - CEIME