Sin tierras no hay Paraíso

Gustavo Marín Guardado 109
Por su parte, Roberto Hernández parece ser otro afectado y fuerte opositor
a que el ejido pierda la parte de costa, sobre todo porque ha invertido tiempo
y dinero, y persevera en su tarea de tener la exclusividad sobre los derechos
ejidales. Cierto que ahora tiene el control de las asambleas ejidales y todo lo
necesario para dar trámite a la certificación de tierras, pero aún así el RAN ha
negado dos veces este ansiado trámite pues no acepta los planos propuestos
donde el ejido llega al mar. Esta contrariedad obviamente atenta contra la estrategia
y el negocio de los especuladores, quienes después de invertir en ello
han podido afianzar ciertos proyectos para desarrollar complejos turísticos en
las lagunas con la intención de apropiarse del ejido y finalmente acceder a las
playas.
Notas y reflexiones finales (con rumbo al basurero municipal)
El caso del ejido Pino Suárez expresa tres problemas fundamentales: 1) No
ha sido posible definir con transparencia y legalidad los límites precisos del
territorio ejidal. 2) No ha sido posible determinar quiénes son los legítimos
propietarios de la franja costera, y 3) Ha sido imposible hacer prevalecer la ley
y el estado de derecho. Después de 40 años, las autoridades han sido incapaces
de resolver estos aspectos básicos y han sido indolentes, parciales e incompetentes.
Una de las razones principales, es que precisamente las instituciones y
muchos funcionarios y políticos se encuentran inmersos en un marasmo de
intereses y prácticas de corrupción, vinculadas al poder de los grandes capitales
que presionan para apropiarse de los espacios, y al despliegue de dinámicas
complejas de especulación inmobiliaria en el contexto de grandes proyectos de
desarrollo turístico.
Asimismo, se trata de una fiera batalla donde todos los contendientes apelan
a las leyes, pero al mismo tiempo recurren a todas las prácticas posibles
(incluyendo la invasión, el fraude y la violencia). Una lucha, sin embargo, marcada
por las asimetrías de poder, donde los grandes capitales vinculados a las
mafias agrarias, se imponen y desplazan a la mayor parte de los ejidatarios.
Algunos de ellos han podido resistir en medio de grandes presiones, y en un
clima de desasosiego, intimidaciones e incertidumbre, experimentado largos y
costosos juicios, y alimentando los sueños de un futuro próspero.
Un final feliz, sin embargo, parece lejano. Por una parte, en 2012 apareció
en el escenario Felipe Enríquez, un político y empresario regiomontano,
asociado a innumerables despojos de tierras ejidales en el país, parte de una
amplia red de poder y compadre del actual presidente de México. Esta persona
ha iniciado una empresa con el propósito de crear un desarrollo turístico en
Punta Piedra, desde luego aprovechando sus relaciones, los litigios de tierras
ejidales y los desalojos de hoteleros. Por otro lado, y casi al mismo tiempo, Ro-