Sin tierras no hay Paraíso

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Quemar las naves ...
Esta forma de entablar los posibles pactos a través de la mediación de los
líderes ejidales, generó la disputa interna en el ejido y la localidad. Varios ejidatarios
que identificaban la disparidad de los tratos y los fondos de corruptelas,
y que comenzaron a informarse sobre la ley agraria, reconocieron la posibilidad
del saqueo, y se opusieron de forma sistemática frente a los líderes ejidales,
mientras que el resto de los ejidatarios ya sea por interés propio o por falta de
información, se sumaron a este proyecto comercial. La población se fue dividiendo,
aislando a los opositores, e incluso estigmatizándolos como enemigos
del “bien común” y del progreso del lugar. Además, estas personas y algunas
autoridades ambientales fueron objeto de persecución y coerción por parte de
los intermediarios de las élites regionales, quienes apostaron por apoderarse
del botín isleño.
En 2003 el ejido establece un trato inicial con los empresarios yucatecos
Fernando Ponce García y su yerno Ermilo Castilla Roche con el fin de obtener
los servicios calificados y certificados para parcelar y enajenar legalmente las
tierras comunes del ejido. Ante la competencia en la oferta de los servicios
agrarios que recibió el ejido de Holbox, y para afianzar el acuerdo, el yucateco
compró 50 ha de tierras en 4 millones de dólares, que se repartieron a lo largo
de dos años entre todos los ejidatarios y que sirvieron como señuelo para la
firma posterior del contrato. El contrato de prestación de servicios en materia
agraria que tenía como fin regularizar las tierras y fundamentar su posible
enajenación mediante la parcelación, fundamentó también la formación de
un supuesto fideicomiso para comercializar los predios individuales de forma
legal y “al mejor postor”. A cambio de dicho acuerdo, el empresario solicitó
inicialmente como pago el 2% del total de las tierras ejidales (5,296 ha),
aunque también se mencionaba en la localidad que sería el 12%. El contrato
estableció un compromiso irrevocable de los ejidatarios con el “asesor”, Ponce
García y Roche, pero también con el gobierno del estado de Quintana Roo que
establecería los términos del fideicomiso (aunque nadie tuvo clara su función
en esto). Los ejidatarios firmaron el contrato de asesoría agraria y, supuestamente,
recibieron un pago de adelanto del precio mínimo garantizado por
cada parcela individualizada (2.5 millones de pesos, entonces el equivalente a
cerca de 167 mil dólares) que habrían de ser tituladas para cada uno (aunque
recibieron el pago sin haberse titulado los predios). Este proceso estuvo lleno
de luchas intestinas al interior del ejido, dando lugar a un grupo opositor cuyas
bases mermaron y sólo unos ejidatarios quedaron peleando de forma legal en
contra del contrato leonino. No obstante, éste se consolidó y el acuerdo siguió
su curso. 5
Con el acuerdo inicial y el contrato, así como el cobro de sus servicios como
5 Para más detalles sobre las características y condiciones del contrato, véase López, 2010 (229-234; 428-436).