Sin tierras no hay Paraíso

Aura Helena Ramírez Corona 69
de defender sus tierras -tanto de los caciques locales como de la iniciativa privada-,
a través de la obtención de un título que les diera certeza sobre su propiedad.
Una vez que la decisión sobre vender o conservar los terrenos costeros
del ejido dejó de ser un asunto de interés colectivo, para convertirse en una
cuestión individual, la fortaleza que la Asamblea Ejidal había desarrollado desde
mediados de la década de los años setenta para frenar de manera conjunta
el avance de la iniciativa privada se quebró por completo. A partir de entonces,
la población comenzó a enfrentarse continuamente a las acciones derivadas
de la identidad de intereses entre los caciques locales, la iniciativa privada y el
aparato gubernamental.
Como resultado de estos procesos de liberalización de la tierra y de fomento
al turismo de lujo, los pescadores y restauranteros de El Rebalsito fueron
víctimas de un primer ataque perpetrado en 1992 por un grupo de hombres
armados, que llegaron por la noche a la bahía para quemar y destruir las casas
y espacios de trabajo de los rebalsiteños, bajo la orden del empresario tapatío
José María Andrés Villalobos (Ramírez, 1992). Este empresario que en 1991
adquirió 42 hectáreas de tierra en El Palmar, y que un año después obtuvo la
concesión de los derechos de una parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre
de Tenacatita, intentó desalojar a la población mediante el uso de la fuerza pública
en 1992 y 1995. Sin embargo, tras los ataques, la población rápidamente
se movilizó para recuperar su territorio y regresó a la playa con el fin de seguir
con sus actividades cotidianas, para evitar que su espacio fuera ocupado por
alguien ajeno que cerrara el acceso al mismo. De modo que ninguno de estos
intentos de despojo del empresario tuvo éxito.
Debido a lo anterior, el empresario optó por cambiar de estrategia a partir
del año 2006, y acusó de despojo a diecinueve ejidatarios dedicados a la pesca
y al turismo, para sumergirlos en un pleito legal que los obligó a acudir a
Guadalajara cada quince días durante los dos primeros años del litigio para
firmar su libertad condicional, y más tarde a hacerlo cada mes en Manzanillo
o Colima. Cuatro años después de haber comenzado a desgastar económica y
moralmente a la población mediante dicha estrategia -y sin haber concluido
aún el proceso penal-, Villalobos obtuvo una orden de desalojo para El Palmar,
que en la noche del 4 de agosto del año 2010 fue aprovechada para desalojar a
la población de la bahía, a través del uso de la fuerza pública.
En cuanto a los efectos que el desalojo tuvo sobre la población, podemos
decir que -como era de esperarse- el despojo territorial afectó a los miembros
del sector dominante del ejido únicamente de manera tangencial, puesto que
ninguno se dedicaba a la pesca o al turismo para sobrevivir. En cambio para
las familias que dependían en diversos grados de las actividades realizadas en
estos espacios, la afectación fue bastante mayor. Todas las labores cesaron por
completo, y en muchos casos ambos jefes de familia se encontraron desem-