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Sin tierras no hay Paraíso

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Gustavo Marín Guardado 245<br />

para su implementación ante el gobier<strong>no</strong> federal. Se espera que muchos de estos<br />

proyectos sean exitosos como resultado de su ubicación en las inmediaciones<br />

de las zonas arqueológicas (como es el caso de Ek-Balam). <strong>Sin</strong> embargo, a<br />

pesar de los recursos que diversos organismos invierten año con año en la promoción<br />

de estas ofertas turísticas, en la práctica las poblaciones participantes<br />

se enfrentan a diversas restricciones que les impiden hacer uso o beneficiarse<br />

de las zonas arqueológicas que siempre han estado en sus territorios. Lo me<strong>no</strong>s<br />

que se espera de un programa de turismo alternativo que busca fomentar el<br />

empleo y la participación de los pueblos indígenas, es que se comprometa con<br />

la eliminación de dichas restricciones y devuelva a la población el acceso libre<br />

a los sitios prehispánicos de su entor<strong>no</strong>, pero en la realidad <strong>no</strong> es así.<br />

En el caso de Yucatán, observamos cómo el INAH y organismos estatales<br />

como CULTUR, prohíben a los pobladores locales el paso libre a las zonas<br />

arqueológicas, obligándolos a pagar como si fueran turistas e impidiéndoles<br />

acompañar a los visitantes que se alojan en sus instalaciones. Este tipo de prácticas,<br />

sin duda, revela la flagrante contradicción de las políticas públicas y las<br />

disposiciones oficiales que, por un lado, fomentan la introducción del turismo<br />

en los contextos locales para su supuesto desarrollo y, por el otro, imponen<br />

restricciones a las poblaciones que a la postre generan conflictos espaciales y<br />

desalientan la participación de aquellos que ven en el turismo una alternativa<br />

de empleo para complementar el ingreso familiar.<br />

A pesar de que las políticas gubernamentales pregonan el turismo como un<br />

instrumento para el desarrollo local de las poblaciones involucradas, lo cierto<br />

es que la inclusión de éstas en los proyectos turísticos <strong>no</strong> procura su reivindicación,<br />

ni profundiza en sus problemáticas reales (Alcocer, 2012), entre las que<br />

destacan las relacionadas con la posesión histórica de la tierra y el libre acceso<br />

a múltiples espacios tradicionalmente de uso común. 41 <strong>Sin</strong> duda, la poca atención<br />

que reciben los contextos locales y las condiciones reales de la población<br />

están generando fuertes contradicciones y conflictos que permanecen sin resolverse.<br />

Pero, sobre todo, es importante destacar que las políticas en tor<strong>no</strong> al turismo<br />

alternativo corresponden a estrategias de desarrollo globales, adoptadas<br />

por los distintos niveles de gobier<strong>no</strong> para implementarlas en el contexto local,<br />

lo cual involucra a las pequeñas comunidades en esquemas económicos más<br />

amplios. Se trata de un complejo proceso que se conforma a partir de la articu-<br />

41 Si bien en los ce<strong>no</strong>tes estudiados <strong>no</strong> se advirtió esta problemática, es importante señalar que la privatización y limitación<br />

del acceso a los espacios y recursos –que en el uso agropecuario se consideraban de “libre acceso”– genera<br />

los conflictos más frecuentes que afrontan los ejidatarios al incorporarlos a la actividad turística. Conflictos que por<br />

ocurrir al interior de las propias comunidades han sido poco estudiados desde la academia y me<strong>no</strong>s aún considerados<br />

en las políticas públicas.

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