Sin tierras no hay Paraíso

68
Caciquismo y resistencia ...
cadores pese a que la pesca comenzó a perder importancia desde principios
de los años ochenta, comenzaron a incursionar en el turismo rústico de sol y
playa en Tenacatita, y hasta principios de la década de los noventa se negaron
de manera colectiva en toda ocasión, a una nueva venta de terrenos.
Durante estos años, por toda la región surgieron numerosos conflictos
provocados por el intento de imponer proyectos de desarrollo turístico a las
comunidades costeras, pero fue en los municipios de La Huerta y Tomatlán,
particularmente en los ejidos Lázaro Cárdenas, Mariano Otero, Campo Acosta,
José María Morelos y la comunidad indígena de Jocotlán, en donde dichas
confrontaciones se concentraron (Díaz, 2010).
La implementación del Programa de Desarrollo Rural Integral de la Zona
Costa de Jalisco en 1981, al igual que el decreto del Corredor Turístico Costa
Alegre ocho años más tarde, son algunas de las iniciativas mediante las que el
aparato gubernamental procuró impulsar el turismo en la región a lo largo de
los años ochenta. Ahora veremos cómo fue que el turismo se convirtió en la
principal actividad productiva del ejido y de la región, tras desplazar a la agricultura
y a la pesca de los planes y proyectos gubernamentales de desarrollo, al
mismo tiempo que se privatizó el litoral jalisciense.
La consolidación de la actividad turística como vía para el desarrollo
de la región
A partir de 1989, el decreto del Proyecto Costalegre comenzó a preparar el
escenario que progresivamente facilitó la privatización del litoral jalisciense, al
convertir al turismo en la prioridad de la región. Desde entonces, el avance de
dicha actividad justificó la expulsión de quienes habitaban y laboraban en el
espacio costero, provocando a su paso numerosos conflictos. No obstante, las
condiciones para la plena apropiación de este territorio por la iniciativa privada
no estaban dadas aún, de modo que era la población local la que continuaba
ocupando y aprovechando sus recursos.
En los siguientes diez años, los ordenamientos Ecológico y Territorial realizados
en 1990 con fondos del Banco Mundial (BM) en el marco del Programa
Ambiental de México, contribuyeron de igual manera a formar y consolidar
una “vocación” turística para la costa, así como a preparar el camino hacia su
privatización al facilitar el cambio de uso de suelo en la región (Díaz, 2010).
De modo que para cuando la Reforma al Artículo 27 llegó en 1992, en el ejido
se habían fraguado ya las condiciones necesarias para que la iniciativa privada
volviera a intentar apropiarse de su territorio costero.
Asimismo, con la entrada del Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), la mayor parte de los ejidatarios
de El Rebalsito se convencieron de que tenían mayores posibilidades