Sin tierras no hay Paraíso

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La apropiación de las “tierras vacías” ...
de agricultura móvil y pastoreo de cabras. Los ranchos pueden constituirse de
una a tres casas, y a su vez la ranchería consta de varios ranchos, generalmente
con no más de 20 viviendas. El pueblo cabecera estructura la territorialidad
social y política de la unidad política rarámuri con variaciones para los grupos
warijíos, ódami y o’oba (Mendiola, 2008; Spicer, 1962; Sariego, 2002; Moctezuma
y Harriss, 2001; Branniff, 1997; González et al., 1994).
La validez de este modelo como una forma particular de entender los
múltiples grupos y pueblos culturalmente diversos que constituyen la nación
mexicana fue ignorada por las autoridades agrarias en la sentencia relativa al
derecho a la propiedad colectiva de la tierra de la comunidad de Mogotavo. Su
postura no sólo reforzó las nociones universalizadas del derecho de propiedad
de la tierra y de representación política, sino también invisibilizaba las propias
conceptualizaciones indígenas que permitían comprender en términos concretos
la existencia de una comunidad y sus derechos sobre el territorio.
En aquel momento, la comunidad se apoyaba en intermediarios y asesores
pertenecientes al régimen; sin embargo, en la primera década del siglo XXI la
comunidad buscó la asesoría de organizaciones de la sociedad civil, quienes
llevaron el conflicto al ámbito jurídico haciendo énfasis en los derechos culturales
y colectivos indígenas recientemente reconocidos por el derecho internacional.
La emergencia de nuevos agentes sociales era parte de la crisis del
modelo estructurado por el priismo, y en este sentido se dieron nuevas formas
de participación política. El resultado fue por un lado, la desvinculación de
la comunidad de viejas e ineficientes relaciones clientelares con individuos,
organizaciones e instituciones del Estado; y por otro, la vinculación con otros
agentes -organizaciones de la sociedad civil- que permiten el acercamiento a
redes de solidaridad y al derecho internacional a través de los instrumentos
jurídicos provistos por las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA.
Instituciones jurídicas y diferencia cultural: Reconocimiento en el
derecho internacional; negación de reconocimiento en la legislación
nacional
En julio de 2008 Dalia Camarena vendió más de dos tercios de sus propiedades
a un grupo de cinco políticos del PRI (uno de ellos hermano del Secretario
de Desarrollo Económico y Turismo de la Estado de Chihuahua), todos
socios propietarios de la compañía de bienes raíces SENSA. El contrato de
compra-venta establecía que los terrenos ocupados por la clínica y el albergue
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) habían
sido dados en comodato y préstamo por parte de terceros, al igual que tres
a cuatro casas habitadas por el mismo número de familias. El acuerdo estable-