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Sin tierras no hay Paraíso

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264<br />

Relaciones de propiedad y conflictos ...<br />

trever el desarrollo turístico de la parte costera del municipio.<br />

Esta situación condicionó profundamente la evolución del proceso urba<strong>no</strong><br />

en Playa del Carmen. Limitada, hacia el sur, por la presencia del complejo<br />

turístico-residencial de Playacar y, hacia el oriente, por el mar Caribe, la expansión<br />

de la mancha urbana tampoco podía dirigirse hacia el oeste, donde<br />

la presencia del ejido limitaba las posibilidades de urbanización. Por ello, a<br />

principios de los años 1990, el crecimiento urba<strong>no</strong> continuó hacia el <strong>no</strong>rte,<br />

de manera paralela a la costa. <strong>Sin</strong> embargo, la apertura de nuevos espacios a<br />

urbanizar por parte del gobier<strong>no</strong> estatal fue bloqueada por un litigio en tor<strong>no</strong><br />

a la propiedad jurídica de una parcela ubicada en la franja costera al <strong>no</strong>rte del<br />

centro urba<strong>no</strong>.<br />

El terre<strong>no</strong> disputado era un predio de 274 hectáreas cuya propiedad fue reivindicada<br />

por el gobier<strong>no</strong> estatal. Terre<strong>no</strong> nacional hasta 1973, la parcela fue<br />

objeto de un decreto de expropiación el mismo año y entregado al gobier<strong>no</strong><br />

estatal en vísperas de la creación del Estado de Quintana Roo. <strong>Sin</strong> embargo, el<br />

estatuto legal del predio fue impugnado por un terrateniente local, Francisco<br />

Rangel Castelazo, quien afirmaba haberlo comprado en 1986 al gobier<strong>no</strong> federal<br />

mediante la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA). 7 Un “hueco jurídico”<br />

causado por un fallo en el momento del cambio de estatuto legal por la administración<br />

agraria permitió al terrateniente reclamar la propiedad del predio y<br />

disputarlo jurídicamente al gobier<strong>no</strong> del estado. A principios de los años 1990<br />

el pleito legal bloqueó la urbanización, y el dialogo entre Rangel Castelazo y las<br />

autoridades quedó suspendido.<br />

Frente a esta situación y en ausencia de una solución legal, los habitantes<br />

agrupados a través de la Unión de Colo<strong>no</strong>s contemplaban la posibilidad de<br />

invadir el terre<strong>no</strong> disputado. En el transcurso del año 1993, se organizan negociaciones<br />

entre los colo<strong>no</strong>s y el gobernador, Mario Villanueva Madrid. Al<br />

<strong>no</strong> poder asumir públicamente un apoyo al movimiento, éste da su permiso<br />

tácito para la invasión y negocia con el grupo una parte del predio; una franja<br />

costera de 93 hectáreas destinada para un desarrollo hotelero. De esta manera,<br />

Villanueva resuelve de facto el conflicto con Francisco Rangel Castelazo y se<br />

apodera de la parcela en litigio. El gobernador consolida por otra parte su poder<br />

político a nivel local al aliarse con la Unión de Colo<strong>no</strong>s.<br />

La invasión se da el 4 de abril de 1994 y desemboca en la creación de la<br />

colonia Luis Donaldo Colosio, la cual se convierte en la colonia popular más<br />

importante de la ciudad. Los grupos formados en esta ocasión reunieron a varios<br />

miles de personas y tomaron posesión del predio. El gobier<strong>no</strong> estatal, mediante<br />

el Instituto para la Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO),<br />

7 “Veci<strong>no</strong>s de Solidaridad denuncian a Hendricks por fraude con terre<strong>no</strong>s”, Hugo Martoccia, en La Jornada, 27 de diciembre<br />

de 2005.

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