Sin tierras no hay Paraíso

Santiago Bastos Amigo 203
fue detenida Rocío Moreno -una de las lideresas- de forma totalmente irregular.
Cuando se demostró que ella no había estado en los hechos denunciados
y que debía dejársele en libertad, el juez dictó la orden de prisión contra diez
comuneros -cinco de los 14 originalmente acusados, más otros cinco que no se
encontraban en la denuncia original-. Un mes después, tres jóvenes comuneros
también fueron detenidos y liberados de forma arbitraria (Hipólito, 2012).
Los comuneros respondieron apelando a la legitimidad y legalidad de sus
acciones en el marco de sus derechos agrarios –la parte positiva de la ley- y
trataron de hacer público su caso apelando al apoyo de las redes de solidaridad
que habían construido, y así evitar la impunidad con que Moreno Ibarra y las
autoridades se mueven. Pero ni las numerosas presiones políticas y de opinión
pública ni las inconsistencias jurídicas denunciadas por el Centro para la Justicia
para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) han evitado que estas diez personas
tengan que vivir amparadas y perseguidas por defender los derechos que la
ley agraria y la constitución les otorgan. Durante cuatro años han tenido que
firmar todos los meses en el juzgado de Ocotlán y el juez no ha considerado las
pruebas de descargo presentadas por los abogados, y ha ratificado la denuncia
de forma totalmente irregular.
Con este éxito, Guillermo Moreno Ibarra pareció dispuesto a mostrarse públicamente,
“hablando” con el juez, llegando al Comisariado, y ampliando la
intimidación física más allá de los límites de “su” terreno: desde finales de 2011
se hizo acompañar de una guardia armada compuesta por mujeres de Mezcala,
que entrenaban semanalmente en El Pandillo e intimidaban en las asambleas.
Los comuneros han denunciado a este grupo y a la banda armada que “resguarda”
El Pandillo como un caso de crimen organizado, en particular ante el
Ministerio Público y la Secretaría de Defensa, sin obtener alguna respuesta. 30
En las elecciones de agosto de 2014, los comuneros de la resistencia lograron
retomar el control del Comisariado –por cuatro votos de diferencia-,
aliándose con un sector desilusionado con Moreno Ibarra. Un mes más tarde,
el Tribunal Agrario por fin emitió sentencia favorable a la Comunidad, conminando
al invasor a desalojar el terreno. Sin embargo, poco duró la alegría. Al
apelar, Moreno Ibarra logró que el Tribunal aceptara su calidad de comunero
de Mezcala, a la que había accedido en 2012 a través del suegro de Crescenciano
Santana. Se abre así una nueva fase en el conflicto en que de nuevo se
retuerce la ley como forma de buscar la acumulación: Moreno Ibarra accede a
la calidad de comunero no para lo que sería su función -proteger el territoriosino
para todo lo contrario.
30 El grupo armado lleva “protegiendo” la finca desde que se dio la invasión, y ya han habido momentos de tensión como
en febrero de 2008, cuando amenazaron a una marcha que subía en apoyo a los comuneros de Mezcala. El núcleo de
este grupo está formado la familia de Crescenciano Santana. El grupo de mujeres “Las Águilas de El Pandillo” también
se forma alrededor de las familiares de Crescenciano Santana, además de otras que aceptaron el trabajo por la remuneración
que suponía.