Sin tierras no hay Paraíso

Horacio Almanza Alcalde 133
cía también que el vendedor es responsable de tomar acción jurídica o material
para el desalojo de los habitantes, “preferentemente de forma voluntaria”. 24
La familia Camarena, propietarios del Hotel Divisadero, y algunos de sus
guardias de seguridad, advirtieron a la gente de Mogotavo que desalojaran los
terrenos, o de lo contrario tendrían que enfrentar un proceso de reasentamiento
forzado -según comentaron diversas personas implicadas en mi trabajo de
campo-. Mientras tanto, pequeñas cabañas del tipo suburbano (4 x 5 m) fueron
construidas para el reasentamiento de los habitantes indígenas de Mogotavo.
Éstas se encuentran a 4 km de distancia de Mogotavo, dentro de las tierras ejidales
de San Luis de Majimachi, ejido que ya había entrado en asociación con
SENSA y el Gobierno del Estado a través del Fideicomiso Barrancas del Cobre.
Un empleado de SENSA, José Cruz, fue el encargado de proponer a la comunidad
que se reubicaran voluntariamente en este esquema de vivienda. Sin
embargo, -de acuerdo a la información de varios habitantes de Mogotavo- tras
su renuencia a aceptar, optó por ejercer mayor presión y amenazó con enviar
a la policía o al ejército para llevar a cabo el reasentamiento. Además, este
intermediario tomó la clínica de la comunidad como su propiedad privada y
la utilizó como oficina. La comunidad indígena ha acusado varias veces a este
intermediario y a otros asesores de acoso, violencia y amenazas verbales.
Por ello, algunos miembros de la comunidad de Mogotavo establecieron
contacto con la ONG local “Tierra Nativa”, los cuales en febrero de 2009 comenzaron
un proceso formal de asesoría y defensa jurídica. Una primera estrategia
que surge de esta relación es la presentación de una demanda penal
contra José Cruz, por el delito de despojo de la clínica de la comunidad de Mogotavo.
25 La misma demanda, con quejas contra los hoteleros y funcionarios
gubernamentales, fue entregada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y al Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, y posteriormente
en septiembre al secretario de desarrollo social del gobierno del estado, Oscar
Villalobos.
A su vez, el siriame de Mogotavo y el comisariado de policía de la comunidad,
apoyados con firmas de toda la comunidad, se dirigieron a través de una
carta al presidente municipal de Urique, solicitando su intervención para garantizar
el derecho de la comunidad a la clínica de salud. Debido a que el conflicto
se estaba convirtiendo en una cuestión pública, la legislatura del estado
presentó un acuerdo exhortando al gobernador del estado a consultar y solicitar
el consentimiento de las comunidades locales sobre el proyecto turístico.
De igual forma, se le instó a abstenerse de desplazar a la comunidad rarámuri
24 La CDI alegó que el albergue indígena había sido construido dentro de su propiedad (Archivo privado de Homero
Saldanha, documento fechado el 14 de julio de 2008).
25 Archivo privado de Homero Saldanha, Documentos fechados en 31 de mayo de 2009; 02 y 03 de junio de 2009; 13 de
septiembre de 2009; 15 de septiembre de 2009; 24 de octubre de 2009.