Sin tierras no hay Paraíso

Gustavo Marín Guardado 93
las islas de Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, hasta Cancún, la Riviera Maya y
Costa Maya, se extienden numerosos proyectos turísticos y urbanos que han
sido apuntalados por este tipo de grupos y prácticas de poder. Uno de los rasgos
que subyace en la mayor parte de los proyectos, es precisamente la especulación
de la tierra como una de las estrategias principales para cualquier emprendimiento.
Un factor que imprime enorme complejidad a este problema es
que se encuentra indefectiblemente vinculado a una especie de “mafia agraria”.
El término de “mafia agraria” comúnmente ha sido usado por periodistas
de la península de Yucatán, para hacer alusión a grupos de poder empresarial
coludidos con funcionarios de gobierno y representantes de instituciones federales,
que intentan apoderarse de tierras con fines especulativos. Para mi
trabajo he decidido adoptar el término que creo es certero, pero creo necesario
imprimir a éste un mayor rigor conceptual a fin de utilizarlo como herramienta
descriptiva y analítica. En este sentido, entiendo como mafia agraria a una
compleja red de personas e instituciones: empresarios, políticos, funcionarios
de gobierno, intermediarios y agentes de ventas, que disponen de grandes capitales,
asesores, abogados, notarios, operadores, prestanombres y una serie de
relaciones en todos los ámbitos (desde encumbrados políticos hasta comisarios
ejidales), que sirven para dar cauce a trámites oficiales agrarios, catastrales,
juicios, peritajes, compromisos, etc., todo esto orientado a obtener tierras
de propiedad colectiva a bajo precio y por cualquier medio legal o extralegal,
para después concretar transacciones comerciales de gran utilidad en el ramo
de los bienes raíces.
Los principales especuladores han conformado una extensa red de relaciones
que cubre toda la península y que interviene en los procesos de parcelación,
y apropiación de los terrenos comunales de creciente valor comercial. Se
trata de un grupo que si bien es amplio, tiene entre sus miembros más distinguidos
a un puñado de figuras dominantes, entre ellos el empresario Arturo
Millet Reyes, Alejandro Patrón Laviada y su hermano Patricio, ex gobernador
de Yucatán, el ex banquero Roberto Hernández Ramírez, tío de estos últimos,
todos ellos quienes actúan siempre a través de sus operadores favoritos, sobre
todo Antonino Almazán Arteaga, Alfonso “El Mosco” Pereira y los delegados
estales en turno del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria,
fundamentalmente de los estados de Yucatán y Quintana Roo. 2
2 Por ejemplo, en 2008 el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Jorge López Negrete, fue separado de sus funciones
en Quintana Roo, al parecer tras una auditoría que mostró los nexos con grupos a los que favoreció en materia
agraria, entre ellos los encabezados por Arturo Millet Reyes involucrado en el parcelamiento de Playa del Carmen, y
Alejandro Patrón Laviada interesado en las tierras de Holbox. En 2010 igualmente cesaron a la delegada del Registro
Agrario Nacional, por favorecer a especuladores (principalmente en los casos de los ejidos de Tulum) además de ser
acusada de tráfico de influencias e infinidad de arbitrariedades. Ese mismo año también fue cesado el magistrado del
Tribunal Unitario Agrario, del distrito 44, Benjamín Arellano Navarro, ante supuestos favores a la “mafia agraria”, y
donde señalan a Alfonso “El Mosco” Pereira y Arturo Millet Reyes. (“Cesan a la encargada de la delegación del RAN en