Sin tierras no hay Paraíso

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La apropiación de las “tierras vacías” ...
pojo o reasentamiento forzado, legal o ilegal.
En contraste con los empresarios, los pueblos indígenas, como sujeto social,
histórico y subalterno, han sido asumidos por diferentes élites como débiles y
atrasados, cuya opresión es necesaria e inevitable, reforzando así un proceso
donde la injusticia social se da por sentada (Castellanos, 2003). Una característica
de los pueblos indígenas es su fuerte arraigo a la tierra y, en general, su
particular forma de relacionarse con la naturaleza, como base de sustento y
reproducción de su cultura, identidad y lazos sociales. La tierra, constituye así,
su territorio tradicional.
La posesión histórica de su territorio, sin embargo, ha estado sujeta al modelo
estatal en curso de tenencia de la tierra. La reforma agraria post-revolucionaria
y las leyes agrarias derivadas fueron resultado, en buena medida, de
los principios de la revolución mexicana. De acuerdo al espíritu de dicha reforma,
el derecho a grandes extensiones de tierra de propiedad común se garantizaba
a los solicitantes a través de las figuras del ejido y la comunidad agraria,
proporcionando así una forma de seguridad sobre la propiedad de la tierra a
los sujetos de derechos (Randall, 1996; Nuijten, 2003; Katz, 1996; Otero, 1989).
A pesar del carácter proteccionista de la ley agraria, no era raro ver diferentes
formas de renta de la tierra, cesión de derechos u otras categorías informales
de acceso a la tierra o a los recursos de actores externos, así como formas de
manipulación y control sobre las comunidades agrarias y el sistema del ejido
(Nuijten, 2003). Sin embargo, al legalizar la mercantilización de la tierra de
propiedad común, las reformas agrarias neoliberales abrieron una nueva gama
de posibilidades para los actores privados de formalizar diferentes formas de
acceso y adquisición legal de tierras ejidales o comunales para su conversión
en propiedad privada. Al mismo tiempo, los actores privados tuvieron mayores
oportunidades para emplear su repertorio de estrategias para persuadir a
los posesionarios de vender sus terrenos o para apropiarse abiertamente de los
terrenos necesarios para las inversiones particulares, expulsiones, desalojos o
reasentamiento de los residentes previos.
Como parte de su función, el Estado sanciona las demandas por derechos
a través de procesos de toma de decisiones institucionales (los poderes legislativo
y judicial, el sistema electoral y otros); sin embargo, a menudo las decisiones
se toman por adelantado a través de otros medios informales. En este
sentido, sujetos específicos se encuentran mejor posicionados estructuralmente
que otros, lo cual eventualmente influirá en la inclusión/exclusión de temas
en la agenda y, por consiguiente, en los espacios de toma de decisiones más
formales.
Durante el siglo XX, las comunidades indígenas se dirigieron a las organizaciones
corporativas por asesoría y defensa jurídica, así como por otras estrategias
de mediación pero, en general, fueron casi nulos los logros obtenidos