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cuando asiente la incorporación de nuevos operadores de los conflictos y de nuevas
modalidades -ambos distintos a los judiciales-. Aunque el ámbito en el que se tratan los
conflictos de las personas sigue siendo estatal el procedimiento incorpora rasgos diferentes
a los tradicionales. Esto es fundamental porque en estos procedimientos de mediación, ei
Estado es corresponsable de los acuerdos que se obtengan con estos criterios diferentes al
legal formal. En este sentido estaríamos en presencia de una transformación al interior
mismo del Estado, se incorporan nuevos operadores y nuevos modos.
Por otro lado, la otra dimensión en donde queda clara la permeabilidad del Estado es en el
caso de los centros privados. Más allá de que en la práctica estos centros casi no reciban
casos para mediar, respetando el plan organizacionaí de la mediación, aquí el Estado ha
cedido por completo su papel para dejárselo a estos operadores privados. La coordinación
de estos centros sigue dependiendo del ámbito estatal, pero eso no quiere decir que el
Estado sea corresponsable de los acuerdos que se logren en las medicaciones privadas. Más
bien el ámbito privado obtiene una licencia para intervenir sobre los problemas de las
personas, y esa licencia es otorgada por el mismo Estado. Y no existe ninguna mecanismo -
al menos previsto normativamente- para que el Estado Juego pueda corroborar o controlar
esos supuestos acuerdos.
De esta manera en la mediación privada el Estado compartiría con actores privados la
autoridad para intervenir en los conflictos que las personas tengan. El Estado cede así
espacio a otros operadores distintos a él. En la práctica esto termina no sucediendo, pero
sólo porque la mediación privada no tiene mediaciones que atender, no porque no esté así
diseñado desde el modelo organizacionaí de la mediación. Es decir, que no suceda es una
consecuencia no esperada de la puesta en práctica de la ley, no un punto explícitamente
diseñado en ese sentido.
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