Untitled - Defensor del Pueblo

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una nueva hegemonía discursiva, institucional y un nuevo sistema de legalidad coherente a esta nueva hegemonía discursiva. Las certezas con las cuales se desarrollaba el flujo entre legalidad y legitimidad han quedado indagadas y en muchos casos suspendidas. Es posible, entonces, que este resquebrajamiento del discurso imperante en la década de los años 90, haya conducido primero a una inestabilidad política expresada en los últimos cinco años, y segundo, al replanteamiento de la base político-legal e institucional del Estado boliviano, expresada en la Constitución Política del Estado, que conduce a toda una sociedad hacia una Asamblea Constituyente para la reconstrucción de un discurso hegemónico. Esta constante indagación, esta recurrencia de poner en tela de juicio y esta suspensión del régimen de verdad ha implicado la búsqueda de resignificación de los componentes de la democracia, como el de ciudadanía, lenguaje de derechos, identidad y diferencia, Estado, Constitución, Modelo de Desarrollo, Descentralización Territorial del Poder, Modelo de Estado, etc., que son los temas en los cuales se vinculan las propuestas de los distintos actores en el proceso de la Asamblea Constituyente. La posibilidad de una suspensión del régimen de verdad supone por tanto una apertura del tiempo político (como se mencionaba, lo político como pólemos, conflicto), entendiendo el tiempo de certeza anterior a la apertura de tiempo político como el normal funcionamiento de un régimen discursivo que desarrolla sus relevos y se expresa en prácticas e instituciones con legalidad y legitimidad. Por ejemplo en las prácticas de la democracia en Bolivia los últimos 15 años, era legal y normal los pactos de gobernabilidad, los pactos de los partidos tradicionales como el MNR, la ADN, el MIR o el caso de la UCS que estuvo presente casi en todas las coaliciones de gobierno los últimos quince años. Hoy en día la democracia pactada, como se denominaba a esta práctica, se encuentra en entredicho, se plantean salidas como una segunda vuelta, reelección del Presidente, etc. Se han comenzado a indagar las reglas más comunes del juego que eran normales hace quince años y que hoy buscan innovación. Entonces la suspensión de un régimen de verdad (la indagación de lo que era normal) supone la apertura de un tiempo político de indeterminación a ser llenado por el debate político, antagónico y altamente creativo. Por ello es posible encontrar en las propuestas de los agentes políticos treinta y cinco
treinta y seis Derechos Humanos y Asamblea Constituyente, tomar el cielo por asalto distintos imaginarios (innovaciones sostenidas por colectivos) en busca de la reconstitución de la hegemonía discursiva que permita, una vez más, rearticular las bases políticas, institucionales y jurídicas sobre las cuales se levanta el Estado boliviano y se hace posible el flujo de la democracia como espacio público, siempre precautelando el espacio de indeterminación, caso contrario la anulación del espacio vacío de poder supondría la instauración de un régimen totalitario y abusivo. Consecuentemente es necesario identificar cuáles son los ejes paradigmáticos sobre los cuales se levantan las resignificaciones de las propuestas de los actores políticos en la actual coyuntura de la Asamblea Constituyente y del proceso constituyente. Cada propuesta se circunscribe no sólo en el actor que la postula, sino en la pertenencia a una línea discursiva, y/o una corriente ideológica que la postula. Por ello debe diferenciarse entre el agente que la sostiene y el imaginario al que pertenece, aunque muchas veces la clasificación puede ser más sencilla. Circuitos de representación en pugna por la resignificación Los agentes en pugna por la resignificación político discursiva se expresan en tres circuitos o grupos de representación. El primer grupo de representación está conformado por los partidos y organizaciones políticas (agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas con reconocimiento de personería jurídica por parte de la Corte Nacional Electoral) e instancias de los poderes públicos del Estado. Este primer circuito de representación supone la instancia formal de los actores y las propuestas en debate, actores que utilizan los canales institucionales comunes del espacio formal de lo político. El segundo circuito de representación corresponde a las organizaciones corporativas, sectoriales y movimientos sociales, que en Bolivia representan a los actores que en gran parte de la historia han ingresado al espacio político para propugnar y defender una serie de reivindicaciones y derechos generalmente sociales; sin embargo, en este circuito de representación también se encuentran grupos corporativos con propuestas muy distantes de los derechos sociales y más cercanas al liberalismo en sus distintas versiones.
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