Untitled - Defensor del Pueblo

cincuenta y cuatro
Derechos Humanos y Asamblea Constituyente, tomar el cielo por asalto
sujetos colectivos para el logro de sus objetivos, de hacerlo distorsiona el
desarrollo libre y autorregulado de los individuos.
Sin embargo, la necesidad de afirmación de un orden político y social
aparece ante la imposibilidad de consecución de autoequilibrio en el goce de
derechos naturales, por lo que aparece la necesidad del establecimiento de un
gobierno civil que los garantice. Frente a las posibilidades de empoderamiento
desde el ámbito del mercado (privado) y desde la política (público), el liberalismo
postula el establecimiento de límites al poder político y al empoderamiento de
los sujetos.
En ese marco, se sostiene la primacía de los derechos fundamentales sobre
cualquier artificio político y social de organización de la sociedad. Asimismo,
se fundamenta al orden político como sometido a la garantía de los derechos
antes que a cualquier interés particular. De ahí, aparece que el fundamento del
poder no es la fuerza (de una persona o grupo de individuos), sino de condiciones
generales, naturales y universales de las personas: los derechos.
En esta línea, el liberalismo afirma que la legitimidad del orden político se
sustenta en condiciones que rebasan toda formulación particular del poder (es
decir no importa como se configura el poder el individuo tiene siempre los
mismos derechos), ya que presuponen condiciones generales que cualquier
individuo libre, en uso de sus facultades racionales, está predispuesto a reconocer
como presupuestos generales o universales.
De ahí que el gobierno civil no se basa en la fuerza de una persona o un
grupo, sino en la fuerza de consensos racionales que están prescriptos como
leyes y normas de la comunidad que reconocen estos derechos del individuo.
Más que gobierno de los hombres se postula el gobierno de las Leyes, es decir
un gobierno de la racionalidad. Para que el orden civil no vulnere los derechos
individuales, se establece, desde el poder político, el ordenamiento jurídico y
para que el poder político no atente a los derechos se establece un marco
procedimental de ejercicio del gobierno.
La idea de Imperio de la Ley y de división de los poderes públicos (Legislativo,
Ejecutivo y Judicial), como garantía de respeto a las condiciones generales de
convivencia colectiva, de afirmación del equilibrio y de autocontrol de los poderes
del Estado, está orientada a fijar los órdenes pre-políticos que requieren ser
garantizados a través de la formalización de reglas y procedimientos institucionales.