Untitled - Defensor del Pueblo

sido implantados a lo largo de toda la historia republicana por las elites
económicas y políticas.
De ahí que las demandas de reconocimiento de la diferencia en su aspecto
pluralista proponen el reencuentro de las formas estatales o de organización
política con la base social, étnica y cultural que las sostienen.
El contenido étnico-cultural de las identidades expresa la presencia de
comunidades culturales o naciones con base lingüística y formas de organización
económica y políticas propias. Muchas de ellas, expresión de la resistencia a las
estrategias e instituciones coloniales de dominio, como de invención de mecanismos
y estrategias de autodefensa de las comunidades e identidades colectivas, frente a
las tendencias globales e impositivas de los proyectos de modernización.
La expresión final en algunos casos se explicita en autonomías indígenas
para recuperar la continuidad territorial étnico-cultural, en la cual se habla de
un Estado Multinacional, generando la posibilidad, en las propuestas de los
actores del segundo circuito de representación, de formación de una forma
propia de autogobierno, pues según la visión comunitarista no hay identidades
nacionales fuertes sin desarrollo de capacidades de autogobierno en algún
momento de su historia.
Por otro lado, las identidades regionales y sociales se vinculan al
reconocimiento de las unidades territoriales descentralizadas políticamente,
expresadas en la elección de prefectos, autonomía en temáticas regionales,
autonomía de orden económico y explicitada de manera más clara en las
autonomías departamentales.
Este imaginario de identidad y diferencia regional basa su construcción en
la sedimentación de luchas por la federalización del Estado boliviano, desde
comienzos del siglo XX, la guerra federal hasta las constantes expresiones
actuales en Santa Cruz de cabildos por la autonomía. Si bien la propuesta de
una autonomía departamental se levanta en una construcción de identidad,
como la denominada nación camba, se profundiza en realidad la descentralización
política y económica con fines de lograr una mayor eficiencia a nivel local. En
ese sentido se plantea que en la Constitución Política del Estado se introduzca
el régimen autonómico que permita a las unidades territoriales ingresar, de a
poco, a niveles de descentralización política, con una base muy similar a la
experiencia de las autonomías españolas.
cincuenta y uno