Jornadas Internacionales de Transporte

JORNADAS INTERNACIONALES DE TRANSPORTE
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tiene que tener un tope para su gasto y debe mantenerse por debajo de ese límite. Eso
significa que no podemos darle vía libre para que gaste lo que quiera en la operación.
El contrato debe establecer metas, fines u objetivos fácilmente mensurables (no controversiales)
y no de medios.
Como contrapartida, nuevamente pensando en una regulación de metas y no de medios,
el operador tendría que tener la libertad de aplicar libremente su know how, porque justamente
para eso es para lo que se lo contrata.
En cuanto a la remuneración que debería percibir el operador, lo más conveniente
es que contemple un componente fijo (que cubra gastos de explotación) y un componente
variable, proporcional a alguna medida objetiva de la eficiencia de su gestión; por
ejemplo, si sube el superávit neto de explotación porque aumentaron los ingresos o
porque bajaron los gastos, que una porción pueda ser absorbida por el prestatario como
remuneración. En algunos casos, esa proporción puede que sea creciente. Cuanto mayor
es el superávit neto de explotación, mayor es la parte que se puede llevar. También,
como un esquema incentivante adicional, las tarifas pueden no ajustarse según el pedido
del gestor. Lo mejor es que haya una polinómica de costos que ajuste las tarifas o un
ajuste automático de tarifa, de modo que siempre exista el incentivo a estar por debajo
de eso, a reducir costos.
Por supuesto, como complemento es necesario fijar metas de calidad, controlarlas
y sancionar su incumplimiento (los trenes deben ser puntuales, tanto los programados
como los corridos). Una cuestión importante es la existencia de una medición objetiva de
la calidad y una sanción si hubiere alguna inconformidad.
La desventaja de este tipo de contrato se advierte cuando es necesaria la realización
de inversiones. La separación de las funciones de gestión del ferrocarril de la gestión de
inversiones resulta en una duplicación de funciones que no se produciría si la compañía
estuviera integrada. Por supuesto, también aparece el problema referido a los contratos,
si estos deben ser más largos o si pueden renovarse. La compañía que sostiene la gestión
tendría que contar con la posibilidad de controlar las inversiones, ya que estas luego van
a impactar sobre el cumplimiento de sus metas. Esta desventaja resulta en que hoy no se
pueda exigir a los operadores metas muy estrictas de cumplimiento de calidad o de mejora
del servicio, porque la falta de información sobre el estado del servicio y de los activos
es muy importante.
Contrato de arrendamiento
En el contrato de arrendamiento, la idea es que el propietario de los activos –en este
caso el Estado– quiera mejorar su productividad. Entonces, los alquila por leasing. Como
la ganancia del arrendatario está vinculada al flujo de fondos netos que obtiene de los
activos alquilados, tiene un alto incentivo a mejorar el cobro del servicio y a bajar los costos
de explotación. Por supuesto, al igual que en el caso del contrato de gestión, y como en
la mayoría de los servicios públicos, el arrendatario tiene que contar con los instrumentos
legales para ejecutar el cobro del servicio, como corresponde a un operador privado y no