Descargar (839Kb) - Universidad de El Salvador

92
resolución de un conflicto patrimonial. Por lo mismo, hay un interés en la
decisión que sobrepasa por completo la mera técnica jurídica, ya que es el
juez el encargado de proteger y tutelar ciertos intereses superiores. La idea
del juez como mero espectador o simple instructor del proceso resulta
claramente incongruente con la misión que le es asignada por la ley
sustantiva. La iniciativa del órgano jurisdiccional de familia, a diferencia del
civil patrimonial, no solo salvaguarda intereses privados o disponibles, sino
que además intereses públicos. En el primer caso, no se desvirtúa la
naturaleza de dichos intereses por el hecho de aportar prueba, siguen siendo
privados. Y en los segundos, los públicos, la iniciativa probatoria no es más
que una fórmula armónica con dicha función protectora. Este deber
jurisdiccional de protección de los intereses públicos en el proceso familiar
proviene tanto de las normas sustantivas como de las procesales, siendo las
primeras las que dotan al juez de un amplio poder configurador de la norma
jurídica para la adjudicación del caso. 125
En el Estado de Derecho, el juez en el ejercicio del monopolio
jurisdiccional debe a lo menos intentar acercarse lo más posible a la verdad
histórica que debe reconstruir de acuerdo a los hechos alegados por las
partes, más aun cuando su decisión definirá la suerte de los derechos e
intereses legítimos que configuran un determinado orden público familiar. 126
La prueba debe ser considerada como el medio a través del cual el Derecho
pretende determinar la verdad de las proposiciones en el marco del proceso
judicial, es decir, la verdad de los enunciados fácticos en cuanto presupuesto
normativo de aplicabilidad de las normas constituye el camino que orienta la
125 HUNTER AMPUERO, IVÁN. Opus Cit. Pág. 214-215.
126 DELLEPIANE, ANTONIO. “Nueva Teoría de la Prueba”, Editorial Temis, Bogotá, 2003.
Pág. 14