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entre la prueba ofrecida por el juez y la contraprueba de la parte, es decir que
si la prueba propuesta por el juez es un examen Psiquiátrico, la parte debe
ofrecer otro igual; de igual modo, no se infringe este derecho si la parte
decide no rendir contraprueba y renuncia a tal posibilidad, ya que este se
agota con la simple posibilidad de aportar prueba; y
3) Que se permita discutir acerca de la eficacia de la prueba de oficio
antes de la decisión. Este último apartado se debe considerar como una
última oportunidad de controvertir la prueba aportada oficiosamente por el
juez en los alegatos de cierre del proceso, en donde se debe dar la
oportunidad a que la parte que considere que dicha prueba le perjudica,
pueda discutir la eficacia de la misma, ya que este momento procesal es el
que le sigue al fallo, por lo que ya se ha producido la prueba y se conocen los
resultados de la misma.
El Juez en el trámite del Proceso debe procurar la realización de las
anteriores acciones como derechos que poseen las partes dentro del proceso
y en respecto de los principios de igualdad y contradicción, que forman parte
del derecho de defensa, así evitar cualquier límite o vulneración a los
mismos.
A excepción del Derecho de Defensa, estos límites no se encuentran
regulados en la Ley Procesal de Familia, causando un grave problema que
se traduce en inseguridad jurídica, en vista que los sujetos intervinientes en
el proceso, a parte del juez, no conocen el momento en que la prueba de
oficios se puede ordenar, los presupuestos para la misma o sus límites.