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las funciones propias de las partes, con la consecuente pérdida de la
garantía de la imparcialidad, así como el rompimiento de la exigencia de
incompatibilidad entre parte y juez. 114
En la segunda corriente doctrinaria se acepta la posibilidad de atribuir
iniciativa probatoria al juez pero estableciendo ciertos limites, los cuales
son: 115
a) Los hechos discutidos en el proceso, protegiendo de esta forma
el principio dispositivo;
b) A las Fuentes probatorias que consten en la causa, impidiendo
así una actuación inquisitoria, susceptible de vulnerar la debida
imparcialidad judicial; y
c) Que permita ejercer el derecho de defensa a los litigantes,
ampliando sus pruebas inicialmente propuestas u ofreciendo
contrapruebas.
Pero al sustentar la plena vigencia del principio dispositivo se podría
exigir afirmar que todo el material probatorio deba ser introducido a iniciativa
de parte con objeto de mostrar la verdad o falsedad de los enunciados
fácticos que determinan el presupuesto de la pretensión y resistencia, la
realidad de las reglas procesales, incluso aquellas respaldadas en códigos
de regímenes liberales y, por ende, sólidamente adheridas a dicho principio,
consienten, en mayor o menor grado, que el material probatorio incorporado
al proceso por los litigantes sea complementado o integrado por propia
114 MONTERO AROCA, JUAN. “El Proce so Civil llamado Social como Instrumento de
Justicia Autoritaria, en Proceso Civil: un Prefacio, una Sentencia, dos Carta s y quince
Ensayos”, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006. Pág. 157-159.
115 JOAN PICÓ I JUNOY citado por HUNTER AMPUERO, IVÁN. Opus Cit. Pág. 209.