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jurisdiccionales, por ejemplo Juzgados de Paz o de Instrucción, cuando
aparecen como victimas de un delito menores; instituciones públicas como el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA), la Fiscalía General de la República (FGR); así como
parientes o personas ajenas al menor sujeto de protección.
c) La Tutela.
El juez debe supervisar el ejercicio de la tutela, para lo cual deberá
actuar de oficio, tal como se dispone en el artículo 283 CF: “La tutela se
ejercerá bajo la supervisión del juez, quien actuará de oficio, a solicitud del
Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares
Departamentales, o de cualquier interesado. El juez podrá establecer en la
resolución mediante la cual se discierne la tutela, o en otra posterior, las
medidas de supervisión y control que estime oportunas en beneficio del
pupilo. Asimismo podrá en cualquier momento, exigir del tutor que informe
sobre la situación del tutelado y del estado de la administración.”
Como se ha visto en cualquiera de las anteriores situaciones, las
cuales son enunciativas, donde el juez de familia esta expresamente
facultado para actuar de oficio, se encuentra la posibilidad que esa facultad
trascienda al campo de la actividad probatoria, de lo contrario no se
efectivizarían dichas normas, que de una u otra forma regulan y protegen
derechos e intereses superiores o indisponibles, donde figuran sujetos de
protección por su alto grado de vulnerabilidad, es decir los menores e
incapaces. Por esta razón se sostiene que “del objeto del proceso derivan
graves consecuencias en el plano social, económico, jurídico y sobre todo el
moral, que inciden fuertemente en toda la sociedad, lo que hace exigible, al
juez, un desempeño altamente activista, de acompañamiento y protección,