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Respecto a la Prueba de Oficio, en la doctrina se logra identificar
como presupuesto esencial para que se pueda ordenar este tipo de pruebas
el Cumplimiento del Derecho Fundamental al Debido Proceso y la
Garantía del Juez Imparcial 136 .
En relación a nuestro sistema normativo, debemos hablar de la
Garantía de Audiencia, consagrado en el artículo 11 inciso 1º de la
Constitución de la República, el cual literalmente dice: “Ninguna persona
puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y
posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y
vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces
por la misma causa”. En dicha disposición constitucional se encuentran
encerradas diversas garantías como el Debido Proceso, Juicio Previo y el Ne
bis in idem o prohibición del doble enjuiciamiento. Además dentro de la
Garantía del Juicio Previo se encuentra el Derecho de Defensa y dentro de
este los principios de contradicción, igualdad e inmediación. En esa línea de
ideas la Garantía de Audiencia se instituye como el presupuesto esencial
para ordenar la prueba de oficio dentro del Proceso de Familia.
En la Legislación Secundaria se encuentra el artículo 7 literal c) de la
Ley Procesal de Familia, donde se regula imperativamente, el presupuesto
de Respeto al Derecho de Defensa de las Partes, al decir que el juez esta
obligado a “ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de
los hechos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión,
respetando el derecho de defensa de las partes”; siendo este el único
presupuesto legitimador de la actividad oficiosa en materia probatoria
regulado en la Ley Procesal de Familia, por armonizar con el artículo 11 de la
Constitución de la República, constituyéndose también como límite a la
136 HUNTER AMPUERO, IVÁN. Opus Cit. Pág. 218.