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100 para la tutela privilegiada de los intereses públicos envueltos.” 133 También se debe señalar que la prueba de oficio que puede decretar el juez se encuentra relacionada con las pruebas específicas exigidas por la ley, en ese sentido en el artículo 55 inciso 2º LPrFm se prevé dicha situación al establecerse que “…cuando la ley exija prueba específica o el juez la considere necesaria para mejor proveer, ordenará su recepción aún de oficio”. En este caso el juez debe, aún de oficio, ordenar dichas pruebas en base a dos supuestos: 1) cuando la prueba sea exigida por la ley, esta demás decir que debe ser de manera expresa; y 2) cuando la considere necesaria para mejor proveer. 134 Para finalizar se puede concluir que la prueba de oficio esta relacionada a las facultades oficiosa del juez otorgadas en el Derecho Sustantivo de Familia, pero no se debe obviar que esta facultad probatoria del juez nace en la Ley Procesal de Familia, en vista que es ahí donde se efectivizan las instituciones del derecho, específicamente del artículo 7 literal c) en relación al artículo 55, ambos de la Ley Procesal de Familia. 3.1.7 Presupuestos y Límites para Ordenar Prueba por parte del Juez de Familia. 3.1.7.1 Presupuestos para Ordenar Prueba de Oficio. Presupuestos, según Manuel Ossorio 135 , son supuestos o suposiciones, es decir que son requisitos o circunstancias previas que necesariamente han de darse para constituir una relación determinada. 133 HUNTER AMPUERO, IVÁN. Opus Cit. Pág. 215-216. 134 En este caso deben tomarse en consideración lo dicho en cuanto a la prueba para mejor proveer, desarrollado en el apartado 3.1.5 de este Capítulo. 135 OSSORIO, MANUEL. “Diccionario de Ciencias Jurídica s Políticas y Sociales”. Opus Cit.
101 Respecto a la Prueba de Oficio, en la doctrina se logra identificar como presupuesto esencial para que se pueda ordenar este tipo de pruebas el Cumplimiento del Derecho Fundamental al Debido Proceso y la Garantía del Juez Imparcial 136 . En relación a nuestro sistema normativo, debemos hablar de la Garantía de Audiencia, consagrado en el artículo 11 inciso 1º de la Constitución de la República, el cual literalmente dice: “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa”. En dicha disposición constitucional se encuentran encerradas diversas garantías como el Debido Proceso, Juicio Previo y el Ne bis in idem o prohibición del doble enjuiciamiento. Además dentro de la Garantía del Juicio Previo se encuentra el Derecho de Defensa y dentro de este los principios de contradicción, igualdad e inmediación. En esa línea de ideas la Garantía de Audiencia se instituye como el presupuesto esencial para ordenar la prueba de oficio dentro del Proceso de Familia. En la Legislación Secundaria se encuentra el artículo 7 literal c) de la Ley Procesal de Familia, donde se regula imperativamente, el presupuesto de Respeto al Derecho de Defensa de las Partes, al decir que el juez esta obligado a “ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión, respetando el derecho de defensa de las partes”; siendo este el único presupuesto legitimador de la actividad oficiosa en materia probatoria regulado en la Ley Procesal de Familia, por armonizar con el artículo 11 de la Constitución de la República, constituyéndose también como límite a la 136 HUNTER AMPUERO, IVÁN. Opus Cit. Pág. 218.
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