Revista nÂº 23, 3Âº trimestre aÃ±o 2007 (PDF 3.63 Mb) - AsociaciÃ³n ...

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Revista de responsabilidad civil y seguroperlas cultivadasmión conducido y propiedad del actor, cuando nose le tenía que haber dado, bien, porque el postedel pórtico de señalización estaba desprendido,o bien, porque se desprendió al paso del vehículocomo consecuencia de los daños sufridos por elaccidente acontecido por el primer camión”“De ahí que la reparación afecte a todos losdaños alegados y probados por el Perju-dicado,comprendiendo el denominado «pretium doloris»(Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de juliode 1984, 7 de octubre o 1 de diciembre de1989), concepto éste que reviste una categoríapropia e independiente de las demás, y comprendetanto el daño moral como los sufrimientos físicosy psíquicos padecidos por los perjudicados(Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrerode 1988).A la hora de efectuar la valoración, laJurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremode 20 de octubre de 1987, 15 de abril de 1988o 5 de abril y 1 de diciembre de 1989) ha optadopor efectuar una valoración global que, a tenorde la Sentencia de 3 de enero de 1990, derivede una «apreciación racional aunque no matemática»,pues, como refiere la Sentencia del mismoAlto Tribunal de 27 de noviembre de 1993, se«carece de parámetros o módulos objetivos, debiendoponderarse todas las circunstancias concurrentesen el caso», aun reconociendo, comohace la Sentencia de 23 de febrero de 1988,«las dificultades que comporta la conversión decircunstancias complejas y subjetivas» en unasuma dineraria. Todo ello no obsta, que comoha considerado el Tribunal Supremo es objetivoy razonable el cálculo de la reparación de los dañospersonales en los casos de responsabilidadpatrimonial de la Administración mediante el usode los baremos de valoración del seguro de usoy circulación de vehículos de motor, ahora bien,tal sistema de valoración es de mera referenciacon el fin de introducir un criterio de objetividaden la fijación del «quantum» indemnizatorio, perosin que aquél tenga que aplicarse puntualmenteni menos deba considerarse de obligado y exactocumplimiento (Sentencias del Tribunal Supremode 20 de febrero, 28 de junio, 30 de octubrey 27 de diciembre de 1999, entre otras).Así lascosas, las diferentes partidas solicitadas por elactor por los daños físicos y materiales han quedadoacreditadas con la prueba documental, porlo que se le debe reconocer como indemnizaciónla cantidad de 5.740,77 euros.Dichas cantidades hay que actualizarlas, yasí ha declarado el Tribunal Supremo al respectoque la indemnización por responsabilidad de lasAdministraciones Públicas debe cubrir los dañosy perjuicios hasta conseguir la reparación integralde los mismos, por lo que la deuda derivada de laacción de responsabilidad debe actualizarse, yaque es doctrina jurisprudencial consolidada quela reparación integral de los perjuicios sufridos,con el fin de conseguir una completa indemnidad,recupera la actualización de la deuda (Sentenciasde 28 de febrero y 14 de marzo de 1998 y 14 deabril de 2003).Actualización que debe llevarse a cabo pordiversos medios, bien mediante la utilización delcoeficiente actualizador basado en la aplicacióndel índice de precios al consumo, o bien con elpago de intereses (Sentencias del Tribunal Supremode 2 de Julio de 1994, 18 de Febrero de1998 y 3 de octubre de 2000)”.perlas cultivadas129
perlas cultivadasRevista de responsabilidad civil y seguroLa Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Constitucional130/2007, de 4 de junio de 2007 fija con precisión la aplicabilidaddel Art. 135 del C.C en la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, solventando el caso en que una demanda seformalizó formalizada en el día siguiente a aquel en que fuedeclarado el plazo de caducidad.perlas cultivadas“La entidad recurrente en amparo denunciaque la decisión judicial que declaró extemporáneosu escrito de demanda, por haberlo presentado eldía siguiente a aquél en el cual se le notificó el Autode caducidad, ha vulnerado su derecho a la tutelajudicial efectiva en su vertiente de derecho de accesoa la jurisdicción. Alega al respecto que esadecisión judicial, que rechaza la aplicación supletoriade la previsión del art. 135.1 LEC, se funda enuna interpretación rigorista y desproporcionada delas normas procesales que ignora las exigenciasdel principio pro actione y le ha privado del derechoa disponer íntegramente del plazo legalmenteestablecido para formalizar la demanda (art. 24.1CE).”“Muy distinta es la opinión del Letrado de laComunidad Autónoma de la Región de Murcia, queconsidera que las resoluciones impugnadas no hanvulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva dela recurrente. En línea con lo razonado por el órganojudicial, opina que el art. 135.1 LEC se aplicaexclusivamente a la interposición de escritos sujetosa plazo y no rige, por tanto, en los supuestosde escritos sujetos a término, como entiende quees el caso del art. 52.2 LJCA, que permite, comoexcepción a la regla general y manifestación delprincipio pro actione, la admisión de la demandaformulada fuera de plazo. Razona, asimismo, queeste régimen excepcional de la Ley de la jurisdiccióncontencioso-administrativa es mucho másfavorable que el dispuesto en la Ley de enjuiciamientocivil y que es además completo, por lo cualno contiene ninguna laguna que deba ser integradaacudiendo a otras reglas procesales, menos aúnen forma parcial. Admitir en tales supuestos laaplicación supletoria del art. 135.1 LEC resultaríanotoriamente desmedido, al permitir que quien nocumplimentó el trámite de formalización de la demandaen los veinte días de que dispone por reglageneral, ni lo hizo tampoco dentro del día en que sele notificó el Auto de caducidad acordado por esemotivo, dispusiera todavía sin embargo de un díamás para poder hacerlo.”“Advertíamos entonces que “no correspondea este Tribunal, sino a la jurisdicción ordinaria ...efectuar un pronunciamiento general acerca de siel art. 135.1 LEC es o no aplicable con caráctersupletorio en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa,y mucho menos establecer uncatálogo de los distintos supuestos de escritos sujetosa plazo contemplados en la Ley de la jurisdiccióncontencioso-administrativa cuya presentaciónpuede ampararse en el indicado precepto” (SSTC64/2005, FJ 3; 239/2005, FJ 2; STC 335/2006,FJ 4; y 343/2006, FJ 4). Como tampoco nos correspondeahora definir si el art. 52.2 LJCA contemplaun término o un plazo, ni determinar, en fin,qué consecuencias se siguen de asumir una u otraconcepción.”“Con arreglo a este planteamiento hemos precisadoasimismo que la afirmación apodíctica delas resoluciones judiciales entonces impugnadas,acerca de que la Ley de la jurisdicción contenciosoadministrativacontiene una regulación específica ycompleta de la materia que veda la aplicación su-130
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