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principal ramo que constituye la riqueza del país, y hallándoseenteramente abandonada en varias provincias por falta de lainmediata dirección y protección que puedan darla los mismosmineros mediante las diputaciones territoriales: 1º Se establecendiputaciones territoriales de minería en las provincias deHuamachuco, Pataz, Conchucos y Huaylas”. En el numeral6º de dicho decreto se atiende al censo de los trabajadores, aldisponer que “Las diputaciones formarán ante todas cosas unamatrícula exacta de los mineros de su territorio, (...). 7º Igualmenteformarán otra matrícula de los operarios precisos paracada uno de los mineros, los cuales, así como estos, quedanexcepcionados de todo enrolamiento militar. Y como por estaexcepción pudiera haber abuso en la matrícula, las diputacionesquedan encargadas bajo su responsabilidad de no consentirse matriculen más que el número necesario para la explotacióny beneficio de metales. (...). 9º Los operarios serán pagados indispensablementecada semana en razón de su trabajo, y segúnla costumbre de cada provincia; debiéndolos tratar los mineroscomo a hombres libres, y no como hasta aquí: pues la matrículano tiene otro objeto, que saber el número de operarios aplicadoa cada minero, y no el de sujetarlos como esclavos. (...). 10º Lasdiputaciones representarán cuanto consideren conveniente alfomento y prosperidad de los minerales, indicando los mediosadecuados a este objeto, los obstáculos que sea necesario remover,y cuanto hasta ahora haya ocasionado su decadencia (...)”(Barnola et al., T.I: 307-308).Como se puede notar, la preocupación por la productividadde las minas es tan prioritaria, que se acuerda dispensar a losmineros del servicio militar, la otra prestación de la cual dependíaincluso la supervivencia misma de la República. Se ordenatratar a los mineros como hombres libres y pagarles salarios,sustituyendo así el servicio impuesto a los indígenas medianteobligaciones de carácter semifeudal.