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y evitado el estallido de numerosas contiendas civiles surgidasde ella. Sin embargo, como veremos en la sección siguiente, elcumplimiento tardío de sus disposiciones justificó las preocupacionesde Bolívar, y favoreció que los títulos de tal reparticióncayeran a precio vil en manos de usureros, quienes fueron losverdaderos beneficiarios del reparto, y determinaron que ésteno consiguiera sus objetivos.Mientras no haya servido bajo las banderasde Venezuela dos añosComo sucedió con el decreto de decomiso y secuestro debienes, al de repartición hay que efectuarle algunos ajustes. AGuayana han llegado legionarios de otros países a luchar por laindependencia, a muchos se les han reconocido grados obtenidosen otros continentes, y no resultaría equitativo otorgarles lamisma recompensa que a quienes tienen más tiempo de servicioen América. El 17 de octubre de 1817, Bolívar decreta que:“Ningún extranjero admitido al servicio de la República, biensea oficial o soldado, podrá reclamar la cantidad asignada algrado que obtenga mientras no haya servido bajo las banderasde Venezuela dos años” (Barnola et al., 1964, T.XI: 260).La Ley de Repartición de Bienes tiene una precisa utilidadcomo herramienta para aplacar posibles motivos de disensiónpolítica y social en el campo patriota. No es casual que sea promulgadaapenas diez días antes del 16 de octubre, cuando esejecutado Manuel Piar, a quien Bolívar había hecho arrestarbajo cargos de insubordinación, y a quien acusó públicamentede azuzar la Guerra de Colores.Ningún ciudadano ha llegado a quejarse por injusticiahecha a él por el accidente de su cutisEn ese sentido, el 5 de agosto de 1817 había dirigido “A lospueblos de Venezuela” un manifiesto en el cual acusa directamentea Piar de promover la Guerra de Colores, y se interroga: